La familia Medina pretende recuperar el manejo de la seccional La Plata aprovechando la debilidad política del ejecutivo provincial.

 

Juan Pablo “El Pata” Medina, cuando fue detenido por su participación en una asociación ilícita

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) está liderada por Gerardo Martínez, un sindicalista con mil batallas que se dedicó a estudiar relaciones exteriores y viaja todos los años a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que delibera en Ginebra (Suiza).

Martínez siempre evitó ejercer su poder sindical en la seccional La Plata, bajo control absoluto de Juan Pablo "El Pata" Medina, un dirigente gremial con fortuna voluminosa e intocable para la jerarquía de la CGT con sede en calle porteña Azopardo.

Con la llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación bonaerense, el peso específico de Medina empezó a menguar. Y su caída  del poder y  consecuente prisión preventiva sucedió cuando se comprobó que lideraba una asociación ilícita que se dedicaba a apretar empresas y a lavar dinero.

Medina manejó la seccional La Plata durante 20 años, y en ese lapso habría avanzado sobre las empresas constructoras que hicieron la autopista a Buenos Aires, el Policlínico platense, el Estadio Único, el Hipermercado Niní y el Colegio de Abogados.

"Pata" Medina -comprobó la justicia platense- siempre aplicaba el mismo modus operandi: decidía quien trabajaba, a que hora se iniciaban las obras, a que hora terminaban, que se almorzaba, y obvio, cuánto era el monto del "peaje" que las constructoras debían desembolsar para cumplir con sus compromisos contractuales.

El fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, hace dos años pidió la prisión preventiva de Medina y sus probables cómplices.  "Existen elementos suficientes para tener por acreditado que por lo menos de hace 6 años a la fecha, un grupo integrado por al menos 11 personas, una de ellas como jefe, valiéndose de la circunstancia de ser el secretario general de la UOCRA La Plata, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si, o utilizando como medio a los obreros del gremio para tales fines", argumentó Garganta al solicitar la captura del líder gremial.

Y remató:"Mediante actos intimidatorios, y bajo la amenaza de parar las obras y trabarlas en conflictos gremiales, procuraron de manera sistemática y de imposible cumplimiento sin un acuerdo previo, la concesión por parte de empresas y contratistas de importantes beneficios económicos, imposición de personal, cantidad del mismo y empresa proveedora de viandas entre otras cosas".

Incidentes en Ensenada: el clan Medina quiere recuperar sus posiciones de poder

Con el escenario político despejado, Martínez ordenó la intervención de la seccional La Plata, que Medina ya la consideraba un bien familiar con tenencia de por vida. Carlos Vergara se hizo cargo de la intervención de la UOCRA, y desde hace tiempo sufre presiones políticas y misteriosos llamados telefónicos.

"No les gusta la intervención: pero "El Pata" Medina está preso por tener una fortuna que nadie sabe de dónde salió. No aguantan más estar afuera. Esto es violencia pura por poder", comentó Vergara cuando se le preguntó por los incidentes en Ensenada.

El interventor asignado por Martínez no hizo nombres propios, pero al frente de las piedras y las corridas está el heredero gremial de "El Pata" Medina". Se trata de Brian Medina, es el nieto, que aprovechó un conflicto gremial en la empresa AESA para iniciar una escala sindical.

Brian Medida ya hace cálculos políticos y asume que el tiempo de la gobernadora Vidal está concluyendo. Además tiene en la mira al interventor Vergara e inició una guerra de guerrillas para erosionar su poder a través de una sucesión de incidentes como los que ya fueron en la planta de YPF pero que podrían continuar en una escala geométrica.

La lógica del clan Medina es fácil de explicar. Brian Medina -el sucesor- considera que se acabó el tiempo político de las prisiones preventivas, que su abuelo puede salir en libertad en los próximos meses y que los incidentes en La Plata y Ensenada pueden acelerar los tiempos judiciales.

El secretario general de la UOCRA optó por el silencio. Martínez regresó a la estrategia gremial que aplicaba cuando "El Pata" y su familia caminaban intocables por la Ciudad de las Diagonales.

 

Lo hicieron por la causa de los Cuadernos y en otra por presunto lavado de dinero. Ocurre luego de que se les concediera en otro expediente, tras ser sobreseídos por la presunta venta fraudulenta del Grupo Indalo.

 

Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa pidieron su excarcerlación ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos y en otra por presunto lavado de dinero. Ocurre luego de que ayer les fue concedida tras ser sobreseídos por la presunta venta fraudulenta del Grupo Indalo.

El pedido del empresario es en el marco de una investigación que se desprendió del expediente original de la causa de los cuadernos y en una que investiga el presunto lavado de dinero en la compra de un inmueble que era propiedad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes indicaron que, ahora, los empresarios aguardan una definición del magistrado para que se haga efectiva su excarcelación.

El TOF 3 dio lugar ayer a los planteos de Cristóbal López y De Sousa, realizados en base a un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que, en una resolución del viernes pasado, sobreseyó a ambos en un expediente donde se buscaba determinar si habían transferido acciones de sus empresas del Grupo Indalo cuando estaban inhibidos para hacerlo.

No obstante, tal como lo indicó el Tribunal Oral Federal 3, integrado por Javier Feliciano Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, la excarcelación de Cristóbal López, titular del Grupo Indalo, y de su socio Fabián De Sousa no se hizo efectiva porque ambos detenidos "siguen a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 (Bonadio)" en las causas números 520/19 y 13816/18.

Ambos están detenidos con prisión preventiva desde el año pasado por orden del Tribunal que entendía que podía haber entorpecimiento de la investigación porque se sospechaba que teniendo un embargo sobre el grupo de empresas de los cuales son dueños, intentaron venderla a otros.

Pero días atrás en esa otra investigación paralela la jueza federal María Eugenia Capuchetti entendió que esa venta no existió y los sobreseyó, por lo que la defensa de López y De Sousa reclamaron entonces que no había más motivos para una prisión preventiva.

Al tener la libertad por parte del Tribunal Oral, las defensas ahora reclaman una medida similar por parte de Bonadio que los tiene con prisión preventiva en otras dos causas.

El juez tiene 24 horas para resolver los pedidos de libertad y de ser rechazados la defensa puede acudir a la Cámara Federal para intentar ante esa otra instancia judicial.

 

El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, no descartó la utilización de las cuasimonedas, pero dijo espera "no llegar" a hacerlo. Ambito pudo saber que si no se acuerda con Nación podrían utilizarlas para pagar sueldos de noviembre.

 

El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, no descartó la utilización de cuasimonedas pero advirtió que espera “no llegar” a implementarlas en la provincia, ya que serían un "recurso extremo", al hacer referencia a la "crisis económica y social que se vive en la actualidad".

El mandatario provincial, consultado en radio La Red sobre si se estaba "lejos" de la utilización de bonos en la provincia, respondió: "Espero no llegar a eso, por eso necesitamos tanto la asistencia del gobierno nacional".

Según pudo saber Ambito, en medio de la merma de recursos de las provincias por la crisis el Gobierno de Peppo gestiona una asistencia de $ 1.250 millones ante la Casa Rosada del Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional.

El escenario es apremiante: de no arribar a un acuerdo en el corto plazo, en despachos chaqueños no descartan emitir cuasimonedas para pagar los sueldos de noviembre. Una postal incómoda, pocas semanas después de las elecciones del 13 de octubre, en las que el intendente capitalino Jorge Capitanich buscará retener el poder para el peronismo ante el radical Carim Peche.

“Lo último que podríamos hacer sería implementar los bonos, serían un recurso extremo, porque ahí los que más pierden son los que lo reciben", explicó el gobernador y amplió: "Serían terribles, sería un recurso extremo, no lo descarto. Igual, espero que no, tenemos conversaciones con las autoridades nacionales para tratar de evitarlo".

En el mismo sentido, el funcionario recomendó "ponerse del lado de la gente que no llega a fin de mes" y lamentó la "pérdida de los fondos de coparticipación en los últimos meses".

"Estamos en una de las crisis más grandes que hayamos vivido por eso hay que ponerse del lado de la gente que no llega a fin de mes, pero sobre todo hay que tratar de mantener la paz y a la vez, garantizar derechos", cerró Peppo.

 

El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) detectó una mala praxis en la gestión de los vencimientos. Del total, 34,3% se debe al sector privado y 27,8% a organismos internacionales. "Predomina el peor tipo de deuda", resaltó.

 

Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación.

El reperfilamiento de la deuda que impulsa el Gobierno nacional con una ley en el Congreso permitirá a la Argentina ahorrarse ahora el pago de deuda por unos u$s9.000 millones, pero sobrecargará los vencimientos del 2020, que ya superan los u$s180.000 millones.

El próximo gobierno deberá afrontar vencimientos de capital e intereses de la deuda equivalentes a u$s183.092 millones, según estimó un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP). De ese total, unos u$s147.824 millones se deberán cancelar en moneda extranjera, de los cuales u$s62.759 millones tienen como acreedor al sector privado, que recibirá en divisas solo u$s21.028 millones. El resto se abonaría en pesos.

El reperfilamiento solo permitirá al gobierno ahorrarse el pago de u$s9.306 millones en 2019, de los cuales 45% son en moneda extranjera y 55% en moneda local. Pero a futuro, la carga será muchísimo mayor. Estos pagos pendientes -default selectivo para las agencias calificadoras de riesgo- se agregarán a los abultados vencimientos de 2020, junto a u$s1.472 millones en concepto de intereses adicionales.

Los montos reperfilados (con sus respectivos intereses) se sumarán a los elevados vencimientos ya pautados para el año próximo, por lo que ahora el perfil de vencimientos de capital e intereses para 2020 se ubica en u$s30.483 millones en moneda extranjera y u$s22.985 millones en pesos.

Los datos de la Secretaría de Finanzas se encuentran actualizados hasta julio, por lo cual la estimación en millones de dólares de la deuda en moneda local se realizó a un tipo de cambio que no es el vigente.

El reporte aclaró que si se descuenta la deuda a pagar con organismos del sector público, el monto a desembolsar es u$s25.244 millones en divisas y u$s15.354 millones en moneda local. “El mes de marzo será el más cargado por los vencimientos de la deuda reperfilada”, anticiparon, aunque en mayo 2020 será el mes en que más billetes verdes saldrán del sistema.

Mala praxis en la modificación del perfil de la deuda

El estudio remarcó que uno de los motivos que agravaron la situación fue la modificación del perfil de vencimientos de capital e intereses con el sector privado y organismos internacionales para el periodo 2020-2023.

“En 2015, los vencimientos proyectados para 2020 (excluyendo al sector público) ascendían a u$s7.264 millones, de los cuales apenas u$s3.323 millones correspondían a moneda extranjera. Es decir que el 87% de los vencimientos en moneda extranjera y el 83% de los vencimientos totales del próximo año se explican por la política económica del actual gobierno”, aseguraron desde la entidad que dirige el economista y 3° candidato a diputados nacionales por la Ciudad del Frente de Todos, Itai Hagman.

 

El gráfico muestra cómo se modificó el perfil de vencimientos de capital e intereses con el sector privado y organismos internacionales para el periodo 2020-2023.

Del total de deuda a afrontar, se calcula que la denominada en moneda extranjera con el sector privado representa el 34,3% y con organismos internacionales el 27,8%. Mientras que la deuda en pesos apenas representa el 19,3% del total de los vencimientos de los próximos cuatro años. La participación del sector público en este rubro asciende al 28%, pero es apenas el 5,4% del total de la deuda. “En otras palabras, predomina el peor tipo de deuda”, resaltó el trabajo estadístico.

“Esta situación evidencia la negligencia de la política de endeudamiento llevada adelante en los últimos tres años”, agregaron los analistas del OCEPP.

La restricción externa y la necesidad de conseguir dólares frescos

Lo más grave es la advertencia por un posible default, si no se consiguen fondos frescos extras. “Aún con la importante recesión que acarrea el país, el superávit de cuenta corriente estimado para el año próximo no será suficiente para financiar los vencimientos de deuda de 2020”, alertaron.

“El aspecto financiero de la restricción externa será un gran desafío para la economía argentina en los próximos años. Si antes el superávit de cuenta corriente alcanzaba para equilibrar al sector externo, hoy ya no. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde la Argentina se encuentra aislada del mercado financiero internacional desde enero de 2018, por lo que las posibilidades de refinanciación de la deuda son acotadas o inciertas”, concluyeron.

 

El juez federal oficialista dio por cerrada la investigación.

 

El juez federal cercano a Cambiemos, Claudio Bonadio, decidió cerrar la investigación y envió a juicio a oral la causa de “la fotocopia de los cuadernos” y acusó a la ex presidenta y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, ser la “jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de ‘fondos ilegales’”.

A pesar de las irregularidades que presenta el caso y las evidencias sobre que el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, extorsionó a los empresarios mencionados en esos cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno, para que involucrara a la ex mandataria; el juez oficialista decidió elevar a juicio oral la causa.

Según precisó Clarín, junto a la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, fueron enviados a juicio Julio De Vido, Roberto Baratta, el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios.

Asimismo, Bonadio volvió a pedir el desafuero de la senadora. Entre los empresarios se encuentra Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero, Enrique Pescarmona entre otros.

En tanto, el juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo. Asimismo, sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, y a los empresarios Sergio Szpolski.

En uno de los artículos de la resolución a la que accedió Clarín, Bonadio volvió a requerir al Senado el desafuero de Cristina Kirchner para "cumplir con la prisión preventiva dispuesta".?

 

Ni siquiera hubo abstenciones en la votación de ayer por los 10.400 millones extra.

 

El debate fue una lluvia de críticas opositoras al modelo, con el oficialismo dando la extraña explicación de que le dejaron un país fundido y lleno de pobres.

Por unanimidad el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022. Ahora, el Gobierno –-que se negó a implementar la emergencia por DNU— debe promulgarla para reasignar partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad en lo que queda del año. El proyecto incluye a partir de 2020 un aumento trimestral de las partidas alimentarias en base al incremento del rubro “alimentos y bebidas” del Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica medida por el INDEC. El debate acordado para una sesión rápida no estuvo exento de duras críticas del grueso de la oposición a la política económica del Gobierno de Mauricio Macri que desató la crisis socioeconómica. Criticaron su favorecimiento a los sectores concentrados, el “brutal endeudamiento externo”, la fuga de capitales y la dolarización de la comida, los combustibles y las tarifas, además de cuestionar a los funcionarios y dirigentes oficialistas que niegan el hambre y que algunos definieron como “la ideología del desprecio a la gente”. Lejos de asumir las responsabilidades, el oficialismo buscó culpar a los gobiernos peronistas por la crisis alimentaria, insistió en que la emergencia lleva 18 años vigente, exaltó “la inversión social” del Gobierno de Cambiemos, aunque lo incluyó como uno de los “condicionantes del endeudamiento” y el senador radical Luis Naidenoff desafió electoralmente al peronismo opositor: “Tenemos en claro le mensaje de las Paso. La elección no se definió”, les espetó.

La probación fue unánime: 61 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones. Pero el tablero electrónico de la votación no reflejó la confrontación de modelos económicos que se dio en el debate a poco más de un mes de la elección que definirá el nuevo Gobierno para los próximos cuatro años. De los trece oradores que tuvo la sesión, doce fueron opositores y el oficialismo solo se reservó la palabra final para el cierre del debate.

La salteña María Cristina Fiore fue la primera en abrir el debate. “No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente ha aumentado”, afirmó la senadora que acompañó muchos de los proyectos del oficialismo. Citó las cifras que arrojan el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sostener que la inseguridad alimentaria grave, “quienes comen una vez al día o pasa sin comer, aumento de 2,5 millones en 2015 a 5 millones de personas en 2018”, sin contar este último año de agravamiento de la crisis. Luego calificó como “vergonzoso, grave e irresponsable” las declaraciones de los funcionarios del Gobierno que “niegan el hambre”, que también “trae muerte”.

“Acompañamos este proyecto, pero debemos rediscutir el modelo económico de la Argentina si queremos hacer efectivos los derechos sociales, políticos y económicos garantizados en la Constitución”, sostuvo la santafesina María de los Angeles Sacnun (FpV-PJ) y agregó: “Los modelos económicos neoliberales fundados en el endeudamiento y fuga de capitales quiebran ese contrato social”. Sacnun propuso avanzar en la “soberanía alimentaria” para pensar en la producción de alimentos y no solo en el acceso a los mismos.

En un duro discurso, el formoseño José Mayans (BJ) se quejó de la falta de funcionamiento del Senado para discutir los “temas importantes” y que había que discutir la emergencia “rapidito”. Sostuvo que Macri les recortó a las provincias por DNU unos “50 mil millones de pesos”, mientras que los 18 mil millones presupuestados que el gobierno destina a la ayuda alimentaria, “16 mil van a la provincia y la ciudad de Buenos Aires y los otros 2 mil al resto de las provincias”.

Mayans también le puso números a la “herencia” que el Gobierno de Cambiemos le deja a la futura gestión en materia de deuda “que no pasó por el Congreso”: incluyendo intereses y capital, la Argentina deberá pagar 56 mil millones de dólares en 2020; 53 mil millones en 2021; otros 83 mil millones en 2023 y 73 mil en 2024.

“La situación de hambre debería avergonzarnos porque somos un país capaz de darle de comer a 400 millones de personas y no somos capaces de darle de comer a 15 millones”, dijo la rionegrina Magdalena Odarda. “Cuando el dólar costaba 16 pesos, eran de 16 pesos las partidas para alimentos. Hoy el dólar roza los 60 y también son de 16 pesos las partidas para almuerzo en las escuelas y algunos comedores comunitarios”, describió la tucumana Beatriz Mirkin.

“Por segunda vez en la historia contemporánea, la aventura del proyecto neoliberal termina en una hambruna, termina en desnutridos, termina en una tasa de indigentes enorme, y hoy 5 millones de argentinos comen una sola vez por día”, arrancó Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), antes de referirse en otro trazo de la política económica del macrismo: “La tasa de desocupación es enorme, el endeudamiento nacional es poderoso, pagamos 3.500 millones de pesos diarios de servicios de deuda”.

Para el jefe del bloque kirchnerista del FpV-PJ, Marcelo Fuentes, “Estamos ante un hecho político significativo: la carnalidad de la visibilidad del hambre” y señaló “que si no fuera por las movilizaciones que incomodan tanto a quienes quieren desplazarse legítimamente, ese sujeto que padece el hambre sería siendo siempre una abstracción”.

“No estamos ante una emergencia producto de un cataclismo natural. No hay inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas o terremotos que quiebren la infraestructura de transporte o la producción de alimentos. Estamos ante un dato de naturaleza política. El hambre en Argentina, con los recursos que hay, es una construcción política”, continuó Fuentes y advirtió: “Si esto no ardió todavía es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre”.

El flamante jefe del Bloque Justicialista, Carlos Caserio afirmó que “es una circunstancia trágica que Argentina le venda alimentos a 400 millones de personas en el mundo y que no sepamos cómo resolver el hambre de 15 millones de argentinos”. “No hay soluciones mágicas, no estamos ante una catástrofe natural, sino ante políticas económicas erradas”, insistió el senador cordobés. Luego de calificar a la emergencia como un “paliativo”, Caserio propuso que “más allá de quien gobierne, la única solución pasa por generar que la Argentina crezca”, y propuso que “se termine la fiesta financiera”.

Sin otros oradores, el oficialismo se reservó el cierre del debate. Como jefe del interbloque de Cambiemos, Naidenoff trató de exculpar a su gobierno por la crisis: “La pobreza es un problema que excede a una mirada mezquina en el contexto previo al 27 de octubre”, consideró Naidenoff, y alertó que “independientemente de los ciclos siempre pendulares (de la economía), la variable inmodificable fue estos 18 años de emergencia alimentaria y social”, dijo el senador radical.

Afirmó que Cambiemos heredó una pobreza de la gestión kirhnerista: “el 34 por ciento de los argentinos estaba en situaciones de precariedad o informalidad”; “el 50 por ciento de los chicos no habían terminado la secundaria”; y “de cada tres hogares, uno presentaba condiciones de construcción que dejaban mucho que desear”. Después dobló la apuesta: “Cuando uno asume en default, con cinco tipos de cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como Irán y Venezuela, sin margen por te dejaron sin reservas, ¿cómo financiás un Estado?, dijo y preguntó el formoseño.

Naidenoff dejó para el final fue una advertencia para la oposición en modo electoral: “Lo que estoy escuchando de una elección que no se realizó es más miedo que propuestas. Ojo cuando se siembra el miedo”.

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