21-02-2024

"Mientras se disparan los números de pobreza e indigencia, la ministra Sandra Pettovello sigue sin resolver la entrega de alimentos. Es por ello que un amplio espectro de organizaciones decidimos realizar protestas conjuntas", dijo Silvia Saravia, referente Libres del Sur, uno de los movimientos convocantes.

 

Un conjunto de organizaciones sociales, de izquierda, independientes y peronistas, ofrecerán el jueves una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, en la que brindarán detalles de la jornada de protestas con "500 cortes" de rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires, prevista para este viernes, informaron voceros del sector.

La conferencia de prensa se desarrollará el jueves a partir de las 10, en el Obelisco.

Las protestas piqueteras serán a nivel nacional en reclamo de "asistencia para comedores comunitarios" y en rechazo al congelamiento de los montos en los planes Potenciar Trabajo, entre otras demandas, con la consigna "La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. Basta de ajuste!".

"Mientras se disparan los números de pobreza e indigencia, la ministra (Sandra) Pettovello sigue sin resolver la entrega de alimentos. Es por ello que un amplio espectro de organizaciones decidimos realizar protestas conjuntas", dijo Silvia Saravia, referente nacional de la organización Libres del Sur, una de las organizaciones convocantes.

"Mientras se disparan los números de pobreza e indigencia, la ministra Sandra Pettovello sigue sin resolver la entrega de alimentos. Es por ello que un amplio espectro de organizaciones decidimos realizar protestas conjuntas"

De la protesta participarán la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, entre muchas otras.

Según se adelantó, la jornada de movilizaciones comenzará el viernes a media mañana, con concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad y en el interior del país, con epicentro en el edificio de Juncal y Carlos Pellegrini, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, instaló sus oficinas.

También forman parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A);,la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

Otras organizaciones convocantes son el Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.

También se suman el Frente de Lucha Piquetero y sus organizaciones, Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha, son todas las organizaciones convocantes a la protesta.

"Vamos otra vez a la protesta porque se siguen cerrando los comedores populares; el Gobierno ha atacado el Potenciar Trabajo con el congelamiento de los montos, en definitiva un brutal ataque a la comida del pueblo, que lo vamos a responder en una unidad enorme de organizaciones y en la calle, una acción que no tiene precedentes porque estarán todas, las organizaciones sociales", dijo a Télam Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO).

Por su parte, el titular de la UTEP, Alejandro "Peluca" Gramajo, dijo que se seguirá "profundizando el plan de lucha que se inicia este viernes en una jornada nacional con todas las organizaciones populares y sociales" y afirmó que se "insistirá en el pedido para que no se congele el Salario Social Complementario; el salario de todos los trabajadores y por el abastecimiento inmediato de los comedores comunitarios".

Para el jueves también, otro grupo de movimientos sociales anunciaron una jornada de concentraciones en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en rechazo al "plan económico" del Gobierno, en reclamo por el abastecimiento de los comedores comunitarios y la entrega de útiles escolares, anunciaron voceros sectoriales.

Más protestas

Las protestas se desarrollarán, entre las 9 y las 13 del jueves, en distintos puntos que conectan el conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires, con epicentro entre la Rotonda de San Justo hasta Juan Manuel de Rosas (ex Provincias Unidas) y la avenida General Paz en el partido bonaerense de La Matanza.

De la protesta participarán las distintas organizaciones sociales y políticas que integran la denominada Multisectorial de La Matanza contra el DNU 70/2023 y el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que ya han realizado otras acciones callejeras en la provincia de Buenos Aires.

La multisectorial -conformada por organizaciones como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el sindicato de Canillitas, la Corriente Martín Fierro y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza- vienen realizando movilizaciones y actos "contra el modelo económico" y la falta de asistencia alimenticia a los comedores comunitarios.

"Estaremos cortando varios accesos a la Capital Federal en reclamo de un aumento de los cupos de los Planes Potenciar; por la asistencia y abastecimiento a los comedores populares; por la entrega de útiles para los pibes que comenzarán el ciclo escolar y lo haremos como siempre con total empeño y firmeza", anunció el titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D' Elía, uno de los organizadores de la medida.

 

21-02-2024

Así, el líder de los diputados de La Libertad Avanza se refirió a las declaraciones que hizo Milei el lunes desde Corrientes, cuando volvió a arremeter contra los diputados que votaron en contra del proyecto de ley Bases y se refirió al Congreso de la Nación como un "nido de ratas".

 

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, se refirió a la expresión "nido de ratas" que utilizó el presidente Javier Milei días atrás para referirse al Congreso, y dijo que él no se identifica con ese animal, sino con un "hurón".

“Considero que soy un hurón, no una rata, ¿y sabés lo que hace el hurón? Caza ratas. Si hay alguno que se sienta rata que se ponga el saco y salga a decirlo", señaló el funcionario en declaraciones a El Destape radio.

Zago se refirió de esta manera a las declaraciones que hizo Milei el lunes desde Corrientes, cuando volvió a arremeter contra los diputados que votaron en contra del proyecto de ley Bases y se refirió al Congreso de la Nación como un "nido de ratas", a pocos días del mensaje que debe brindar el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa para dejar inauguradas las sesiones ordinarias.

En otro orden, Zago dijo que "ni por casualidad" le gusta el 20 por ciento de inflación, y destacó que el Gobierno está trabajando para solucionarlo.

“Considero que soy un hurón, no una rata, ¿y sabés lo que hace el hurón? Caza ratas. Si hay alguno que se sienta rata que se ponga el saco y salga a decirlo"

Oscar Zago

"Sabíamos que la famosa tablita que venía con el plan inflacionario, venía arrastrando una inflación alta, pero estamos trabajando para bajarla. El 20% de inflación no me gusta ni de casualidad, pero peor era el 35 por ciento que teníamos. Es un problema que ha llevado a la caída del salario de los jubilados. El presidente está muy preocupado por eso y estamos trabajando para solucionarlo", afirmó Zago.

El diputado destacó que "ahora tenemos que pagar la fiesta entre todos" y, si bien consideró que las medidas que tomó el Gobierno "son amargas",  agregó que desde el espacio oficialista al que pertenece "nunca" se dijo que iban a estar "en un cumpleaños divino, que nos iba a sobrar la plata", sino que "íbamos a pasar los peores seis meses de nuestra vida en la Argentina".

Ante la consulta sobre los aumentos en el precio de la nafta, Zago dijo que el aumento de los precios obedece a una decisión del Gobierno de "recortar el gasto público", y de terminar "con el negocio de los delincuentes".

Zago hizo referencia a que el recorte "no es sólo en un sector, sino que es general en la economía", por lo que "para ordenarla, hay que terminar con los subsidios a las empresas como en el caso del transporte".

El diputado explicó que en el aumento de la tarifa de los colectivos, "ahora el subsidio va ir directamente al usuario, ya no a la empresa", agregó.

Por último, Zago que va a integrar la Bicameral de seguimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023),dijo que no fue el oficialismo el que demoró su conformación, sino "Unión por la Patria que quería mas integrantes".

En lo que respecta al tratamiento de la Ley "Bases", Zago dijo que se pueden tratar los 664 artículos, porque ya hay un trabajo previo.

"Las privatizaciones entrarán en la discusión de ordinarias. De discutir la privatización del Banco Nación, va a ser por ley", amplió el diputado.

 

21-02-2024

La medida, que se hizo oficial tras la publicaciónndel decreto en el Boletín Oficial, alcanza a los trabajadores que están en relación de dependencia tanto del sector público como del privado, sindicalizados, monotributistas, entre otros. Desde el sindicalismo advirtieron que la medida "va a ser judicializada porque el único sistema solidario es la obra social".

 

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el decreto que desregula las obras sociales para que, a partir del 1 de marzo próximo, los trabajadores puedan "elegir libremente" su sistema de salud, mientras que desde el sindicalismo advirtieron que los cambios podrían "terminar perjudicando a los usuarios y al Estado, al sobrecargar el sistema público" frente a eventuales incumplimientos del sector privado, y desde el Ejecutivo pusieron el foco en la "libre elección" de los beneficiarios.

La decisión -oficializada en el Decreto 170/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y del ministro de Salud, Mario Russo- había sido adelantada ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"A través de los Decretos 170/2024, 171/2024 y 172/2024 publicados en el Boletín Oficial se avanzó en la reglamentación de los artículos vinculados al Marco regulatorio de la Medicina Privada y Obras Sociales, al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al derecho de libre elección, contemplados en el DNU 70/23", informó la cartera de Salud.

Con los cambios introducidos, los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas, ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo y podrán hacerlo "sin ningún tipo de intermediación", "una vez al año" y "en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral", según se informó oficialmente.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga "se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben" y las nuevas normativas permitirán que todos los beneficiarios del sistema "puedan elegir independientemente de la antigüedad laboral, el tipo de contrato y sin importar ningún tipo de intermediación".

"Los cambios, además, impulsan la libre competencia entre los distintos entes privados que forman parte del sistema, en línea con lo que pregona el Gobierno Nacional para distintas áreas de la economía", sostiene el texto difundido por las autoridades

Qué establece a normativa

La norma -que comenzará a regir el 1 de marzo- establece "el derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los agentes del seguro de salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°".

Además, especifica que "el plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660".

En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma entidad de medicina prepaga.

Sobre el marco regulatorio de la medicina prepaga, se aclara que "la SSS no tendrá competencia para fijar valores de cuotas" y que "en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de una empresa de medicina prepaga, la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores. Y no se fijarán aranceles mínimos obligatorios a los prestadores públicos y privados ni se intervendrá en los modelos de contrato entre las empresas y los prestadores".

Además, la norma deroga el Decreto 343/2023 y faculta a los agentes del seguro de salud a realizar convenios con los hospitales públicos de gestión descentralizada", los que serán "libres entre partes, estableciendo sus propias pautas sobre el tipo de prácticas, codificación, valores, facturación, pago y resolución de controversias".

La reacción de los gremios

Desde el sector gremial, el cosecretario de la CGT y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, dijo en las últimas horas que la decisión de anunciar la "libre elección de obra social" para los trabajadores "va a ser judicializada porque el único sistema solidario es la obra social".

Para Moyano, la idea del gobierno de reformar a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el sistema de salud "va a ser judicializado" porque las obras sociales representan "el único sistema solidario".

En tanto, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado, Hugo Yasky dijo -en diálogo con Télam- que el decreto "da una vuelta de tuerca más a algo que ya estaba desregulado" pese a que "está pensado como represalia contra los sindicatos" y que en sus efectos, dejará "desprotegidos a trabajadores" al tiempo que generará una "sobrecarga sobre el sistema público de salud, perjudicando al Estado".

Según el sindicalista, "esto es así porque actualmente, según la legislación que se había modificado durante el gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores ya podían optar por salir de su obra social luego del primer año de trabajo. Con la modificación de Milei solo cambia que no hay que esperar un año y se busca, erróneamente creo yo, desfinanciar las obras sociales sindicales a partir de establecer que la opción de cambio se puede dar en cualquier momento".

"Esta pensada como una represalia contra los sindicatos porque tiene la idea que tiene el Gobierno, insisto, equivocada, es que las obras sociales son una fuente de financiamiento para las organizaciones sindicales, algo que es evidente que no es así. El sistema de obras sociales cumple una función muy importante porque abarca un universo de un montón de familias argentinas que es atendido desde sus sistemas de salud sindicales, y evita así, la sobrecarga sobre el sistema de salud público", explicó.

En este punto, Yasky agregó que el actual es "un sistema que desde hace muchos años funciona" y que "permite ahorrar recursos del Estado, porque si toda esa demanda se volcara al sector público, sería prácticamente imposible sostener".

"Es una medida que no va a afectar demasiado a las organizaciones sindicales si el objetivo es promover la desafiliación, y por otro lado, va a generar una situación en la que muchos trabajadores van a quedar a la deriva porque van a ser una especie de afiliados de cuarta categoría de las empresas de medicina prepaga, y seguramente se verán perjudicados por un servicio de salud de menor calidad", concluyó.

 

21-02-2024

La presentación buscan evitar el pago de una indemnización por US$ 16.000 millones a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de la petrolera estatal en 2012.

 

El Gobierno presentará el jueves ante los tribunales de Nueva York los documentos de apelación del fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar una indemnización de US$ 16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.

El 11 de octubre último, Argentina notificó a la justicia neoyorquina su decisión de apelar el fallo en primera instancia emitido en septiembre por Preska que obliga al país a abonar un resarcimiento de US$ 16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.

Burford Capital había adquirido los derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias. Petersen Energía, de la familia Eskenazi, había comprado el 25,4% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011.

La posición argentina sostuvo que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina

El argumento de Argentina –que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández- fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina, pues es allí donde se radica YPF.

En diciembre, con el cambio de gobierno, la Procuraduría del Tesoro de la Nación solicitó posponer la fecha para presentar los documentos de apelación del juicio, originalmente prevista para el 30 de enero.

"La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024", señala el escrito enviado por el Gobierno.

El pedido fue aceptado el 11 de enero último y el tiempo para presentar los documentos fue extendido hasta el jueves.

Fundamentos

“Mañana Argentina va a presentar oficialmente sus primeros argumentos ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y por primera vez vamos a ver la estrategia legal del presidente (Javier) Milei”, señaló el director regional de la consultora Latam Advisors, Sebastián Maril, a CNN Radio.

Maril señaló que la nueva administración “mantuvo los estudios de abogados que representa al Estado en Nueva York”, y estimó que la posición argentina mostrará “cierta aceptación de que perdió el caso” pero que “seguirá peleando por el monto” de la sentencia.

Se estima que habrá un fallo de la Corte de Apelaciones entre septiembre y diciembre próximos

“Se van a apelar todos los fallos de Preska. Eso no lo dudo que Argentina lo vaya a hacer. Pero van a poner mucho énfasis en pelear los US$ 16.000 millones que la jueza puso como multa por haber expropiado incorrectamente YPF. El país va a intentar reducir ese monto”, explicó.

El analista, quien sigue el caso, señaló que el 25 de marzo próximo los demandantes quienes rechazaron en octubre que YPF sea excluida del caso, incluyendo únicamente al gobierno argentino, ahora presentarán los argumentos de apelación,

“Luego va a haber una audiencia en el verano del hemisferio norte y estimo que habrá un fallo de la Corte de Apelaciones entre septiembre y diciembre”, indicó Maril.

 

21-02-2024

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina los que más aumentaron lo hicieron en un 31%. Los incrementos superaron la inflación. La facturación total de la industria farmacéutica aumentoó un 88,7%.

 

Los medicamentos más consumidos por adultos mayores sufrieron un incremento en sus precios de hasta 83% en enero último, destacándose una suba de 31% en promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron, destacó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

"Dentro del aumento generalizado del 13,6% en enero que sufrió la canasta de medicamentos, se destaca la suba del 31% en promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron", puntualizó CEPA.

El listado de aumentos es encabezado por Derrumal 300 (83%), Daflon 500 (45%) e Ibupirac 600 mg, Travatan, Dermaglós, Macril (25%)

Además precisó que "por encima del promedio se encuentran subas mensuales del 83% y el 45%", con lo cual, enero quedó marcado por "nuevos incrementos por encima de la inflación".

Los medicamentos que más aumentaron entre diciembre de 2023 y enero de 2024 son Derrumal 300 (83%); Daflon 500 (45%); Ibupirac 600 mg, Travatan, Dermaglós, Macril (25%); Atenolol Gador, Aldactone A, Aspirina Prevent y Trapax (20%).

"Durante la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández, la evolución de precios de venta al público (PVP) de medicamentos mostró un incremento moderado y relativamente estable; en 2020 se registró una suba de 34,6%; en 2021, 42,9%; y en 2022, 82,8%", comparó el relevamiento.

En cambio remarcó que "en 2023 el incremento fue de 276%, superando el índice general de inflación por el comportamiento de precios tras el triunfo de Javier Milei y el inicio de su gobierno", y añadió que "sólo en noviembre se registró una suba de 25,7% y en diciembre, de 40,9%, muy por encima de la inflación de noviembre (12,8%) y diciembre (25,5%)".

La cobertura del PAMI

El CEPA también analizó los precios con cobertura de PAMI, que en 2020 subieron 12,1%; en 2021, 40,6%; en 2022, 73,4%; y en 2023, 164,9%.

"Si se tiene en cuenta que el índice de inflación anual fue de 211,4% y que el incremento del PVP fue de 276%, la cobertura de PAMI se mantuvo por debajo de estas marcas, lo que representa un ahorro significativo para la población afiliada", consideró la entidad.

En el informe se proyectan aumentos del 10% en esta canasta de medicamentos para febrero y marzo 2024

En este sentido, puntualizó que "gracias a este programa integral de medicamentos gratis o con descuentos, las personas afiliadas se ahorran en promedio $ 32.000".

Asimismo, el análisis de CEPA hizo hincapié en la pérdida de poder adquisitivo en términos de PVP PAMI en enero de 2024.

"Tras el fuerte proceso de desregulación del sector tras el triunfo de Milei, la jubilación mínima sin bonos se redujo 20,1 puntos porcentuales de diciembre de 2023 a enero de 2024 en términos de medicamentos PVP PAMI", remarcó.

En tal sentido, se proyectaron "aumentos del 10% en esta canasta de medicamentos para febrero y marzo 2024, y se contempló una actualización del 33,5% de la jubilación mínima en marzo".

"Con estas hipótesis se registraría una nueva caída de la jubilación mínima sin bonos en febrero de 5,4 puntos en relación a enero y una recuperación en marzo que no llega a compensar las sucesivas caídas; la jubilación mínima con bonos sufre una caída de 25,2 puntos entre diciembre 2023 y enero 2024 y registraría otra caída de 6,8 puntos de enero a febrero considerando las mismas hipótesis", indicó el análisis.

A su vez, aseveró que "teniendo en cuenta un bono de $ 70.000 para marzo no se llegarían a compensar las pérdidas de poder adquisitivo previas en relación a la canasta de medicamentos".

Rentabilidad

En cuanto a la rentabilidad del sector, el primer semestre de 2023 registró un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 88,7% respecto a igual semestre de 2022, producto del incremento en la facturación de producción nacional (92,2%) y la reventa local de importados (80,4%).

En la facturación de producción nacional se observa una suba de 93,2% en las ventas al mercado interno y de 81,6% en las exportaciones

De los 10 labotarorios que más facturan al año, ocho son nacionales: Roemmers, US$ 538 millones; Elea Phoenix, US$ 497 millones; Casasco, US$ 404 millones; Gador, US$ 386 millones; Montpellier, US$ 332 millones; Baliarda, US$ 327 millones; Raffo, US$ 318 millones; y Bagó, US$ 318 millones.

Los dos restantes son extranjeros, Bayer, que factura US$ 207 millones; y Sanofi Aventis, con US$ 203 millones.

 

21-02-2024

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes que el Poder Ejecutivo estableció el SMVM en $180.000 para el mes de febrero y en $202.800 para marzo.

 

El incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a partir de febrero hasta los $180.000 podrá implicar que una mayor cantidad de los asalariados en relación de dependencia puedan llegar a pagar ganancias, ya que superan el valor establecido en el mínimo no imponible (MNI), actualmente en $2.340.000 mensuales.

En enero el salario mínimo fue de $156.000, y es el monto que rige por ley para establecer el MNI que son 15 SMVM mensuales, hasta la siguiente actualización que será en julio próximo.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes que el Poder Ejecutivo estableció el SMVM en $180.000 para el mes de febrero y en $202.800 para marzo.

Los aumentos salariales de los últimos meses no fueron acordes al IPC –Índice de Precios al Consumidor-, en tanto que con la devaluación del peso en diciembre y el aumento de la inflación muchos salarios comenzaron a perder poder adquisitivo en términos reales

El Consejo del Salario llevó a cabo la reunión con cámaras y centrales obreras del sector, pero luego de varios días de negociación no llegaron a un acuerdo y este martes se conoció la decisión gubernamental.

Al respecto, el asesor tributarista Sebastián Domínguez sostuvo que “no fue razonable la reforma del impuesto a las ganancias para empleados que se realizó; la falta de actualización del MNI en línea con la inflación podría tener consecuencias significativas”.

“Con una inflación tan alta en los últimos meses, muchos empleados pronto podrían comenzar a tributar el impuesto a las ganancias”, advirtió.

La última reforma del Impuesto a las Ganancias fue aprobada en septiembre del año pasado por el Congreso y estableció crear un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 SMVM, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM.

El asesor tributarista Sebastián Domínguez sostuvo que “no fue razonable la reforma del impuesto a las ganancias para empleados que se realizó; la falta de actualización del MNI en línea con la inflación podría tener consecuencias significativas”

La ley también estableció que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero y que la actualización será el 1 de julio de cada año fiscal.

Los aumentos salariales de los últimos meses no fueron acordes al IPC –Índice de Precios al Consumidor-, en tanto que con la devaluación del peso en diciembre y el aumento de la inflación muchos salarios comenzaron a perder poder adquisitivo en términos reales.

Domínguez, además, sostuvo que “lo razonable hubiese sido que la ley contemplara un MNI que se actualice en forma trimestral por IPC –Índice de Precios al Consumidor- con una cláusula gatillo que adelante la misma cuando la inflación acumulada dentro de ese período fuera igual o superior al 20%”.

En ese mismo sentido, también propuso que se podría tomar como base de cálculo del MNI el SMVM y actualizarlo por la variación del IPC “pero no supeditar el MNI a una cantidad de SMVM cuya determinación tiene que ver con cuestiones de índole política que nada tienen que ver con la capacidad contributiva”.

 

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