20-03-2024

El Congreso Nacional del PJ en Ferro no tendrá rostros nuevos. La renovación de autoridades y la negociación para ampliar el frente que encabece el peronismo quedará en manos de una mesa de conducción.

 

“El Partido Justicialista es la herramienta electoral del peronismo. Y a las herramientas si no las cuidas cuando no vas a usarlas, el día que la necesites ya no sirve”. La definición corresponde a uno de los 900 delegados que tiene cita este viernes en el microestadio de Ferro para el Congreso Nacional del PJ, primera escala de esta nueva etapa que se inauguró el noviembre del año pasado con la dura derrota del ballotage.

Limpiar la herrumbre y sacar filo. Devolverle al peronismo su proverbial efectividad y potencia. Como después de cada derrota, volver a juntar a las tribus dispersas, curar heridas, armarse para la próxima batalla. Tareas que exceden la formalidad telúrica del congreso partidario pero que le darán, o intentarán darle un sentido, al convite. Con una pregunta sobrevolando el inmenso gimnasio: ¿hay algo nuevo bajo el sol o estaremos ante una nueva pirueta gatopardista?

Los hechos: Alberto Fernández dejará de ser el titular del partido cuando le acepten una licencia que él nunca pidió. Fue una decisión acordada por una mesa chica de la que participan desde Axel Kicillof hasta Santiago Cafiero, pasando por Wado de Pedro y Gildo Insfrán, Juan Manzur y Ricardo Quintela, Juan Manuel Olmos y Pablo Moyano. El expresidente era un lastre que no podían permitirse y nadie levantó el tono para defenderlo. Va a mirar el próximo capítulo desde afuera.

La sucesión debe recaer sobre la vicepresidenta primera, actual jefa de asesores del gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, o en su defecto el vice segundo, Kicillof. Aunque son muchos los dirigentes que ya vocean su nombre de cara al 2027, y consideran que le corresponde, por lo tanto, encabezar el partido, la decisión política del gobernador es concentrarse, él y su equipo, en la gestión provincial, por lo que seguramente declinarán el cargo.

Es, también, un gesto para promover el retorno de los entenados, una invitación que se hace antes y después de cada ciclo electoral, especialmente cuando terminan en derrotas. La ampliación del frente que encabece el peronismo es una tarea a la que se abocan personalmente dos jugadores que, sin estar presentes en Ferro, tejen el entramado peronista: Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que el mismo día, en el Congreso del Frente Renovador, ratificará la salud de la coalición.

No habrá, sin embargo, en el encuentro peronista, rostros nuevos. Una vez más, los congresales cordobeses rechazaron la invitación. Ni el gobernador Martín Llaryora ni su antecesor, Juan Schiaretti, tienen planeado asistir. Tampoco el exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey. Ni Miguel Ángel Pichetto ni Guillermo Moreno están en la lista de invitados, a pesar de que la foto que compartieron con Insfrán hace dos semanas invita a pensar en que puede haber confluencia en el futuro.

Las gestiones quedarán en manos de una mesa de conducción (la expresión Comité de Acción Política genera resquemor por sus connotaciones radicales, de la UCR) que servirá para saldar el problema sucesorio. Su conformación aún no está confirmada pero tendrá espacio para los gobernadores Kicillof, Quintela e Insfrán, que llevarán la voz cantante, junto a representantes del Movimiento Obrero, las Organizaciones Sociales y otros sectores políticos.

La más importante de las tareas que tendrá esta mesa será planificar la renovación de autoridades que deberá hacerse de acá a octubre. Se va a proponer una campaña masiva de afiliación y la convocatoria a elecciones abiertas entre todos aquellos que quieran participar. Algunos imaginan que se podría replicar el espíritu de la interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, que sirvió de lanzamiento para que el riojano llegue a la presidencia. Una batalla por la conducción del movimiento.

Sin embargo, algunos de los dirigentes más experimentados del PJ advierten sobre las dificultades de llevar a cabo semejante empresa en este contexto. “Hay que discutir con Milei, no entre nosotros”, señala uno de ellos, que cree que con el correr de los meses va a terminar acordándose una lista de unidad. Se trata de un análisis que tiene en cuenta factores políticos pero también otros más terrenales: “¿Vos sabés lo que cuesta armar una interna así? Si no tenemos un mango”.

 

20-03-2024

Destacan su rol estratégico en el diseño territorial productivo y su aporte a evitar el desarraigo.

 

Sindicatos, ex funcionarios, trabajadores y agrupaciones sociales coincidieron en señalar que el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCeI) habla del desconocimiento que el Gobierno tiene sobre un actor dominante en la producción local de alimentos, como son los agricultores familiares o indígenas, que no tienen grandes escalas productivas si no se organiza su producción colectiva. Apuntaron también a la cuestión de la soberanía alimentaria, amenazada con la reciente promoción de la importación de alimentos.

“El Instituto tiene un rol estratégico desde el punto de vista del diseño territorial productivo de nuestro país, apunta a evitar el desarraigo de familias que producen alimentos para el autoconsumo y la comercialización en territorios muchas veces desprovistos de luz eléctrica, cloacas o redes de distribución”, apunta Miguel Gómez, ex director del INAFCeI. “El instituto promueve la inclusión y formalización de ese sector –lo que posibilita por ejemplo el acceso al crédito, brinda asistencia tecnica y administrativa con más de 500 ingenieros agrónomos en territorio que a su vez conocen y respetan procesos de producción que son ancestrales”, completa.

Pero este Gobierno desconoce esa realidad, y desde diciembre el INAFCeI se encuentra sin autoridades, siendo los propios trabajadores los continuadores de las políticas delineadas para el sector.

Es consecuencia también de la obra del Inafci el acceso a productos agrícola-ganaderos de calidad y a buen precio en distintas localidades. “Contribuye a diversificar una matriz productiva de alimentos totalmente cara y antigua”, sostiene Juan Pablo Della Villa referente del espacio "Federación por la Soberanía". Una matriz “que no incorpora discusiones como el uso de agroquímicos, cada vez más criticado desde la agricultura familiar”. Este espacio organizará el jueves un “Alimentazo” en el Congreso contra la apertura de las importaciones de productos alimenticios, “una medida que atenta directamente contra las economías regionales”.

Desde ATE y la Utep también cuestionaron la decisión oficial. “El desconocimiento del Gobierno respecto de lo que pasa en el interior del país es tan brutal, que han nombrado para liquidar al INAFCeI a la psicóloga de la Policía de la Ciudad, Clara Sanz, que en tan solo cuatro días tomó una decisión que afecta al principal sector productivo de nuestro país”, denunció el sindicato de estatales. “El cierre sólo generará un brutal crecimiento de la pobreza en los centros urbanos de las grandes ciudades”.

Mientras que la Utep declaró: “El presidente se autodefine un experto en economía pero ignora el costo, incluso económico, que ocasionará desatender la producción de alimentos para el consumo interno”.

En primera persona

“Yo trabajo en Agricultura Familiar desde 2004, cuando era el Programa Social Agropecuario dependiente del financiamiento del Banco Mundial. Se costeaba la asistencia técnica a familias productoras campesinas o de población índigena. Se brindaba asesoramiento en materia de infraestructura –construcción de corrales, huertas o manejo sanitario- y comercialización, para garantizar la subsistencia de esas familias y que no se vean obligadas a venderle a un intermediario a un precio bajísimo porque no tienen acceso a los principales centros de distribución”, comenta Marcelo Ruesta, del INAFCeI Chaco. “Somos dos trabajadores actualmente en la sede para acompañar a unas 50 familias, pero con seguridad más de 200 recibieron asesoramiento del Instituto”, afirma.

“La movilidad la pagamos nosotros, usamos nuestras camionetas y ni siquiera nos pagan el combustible”, comenta y desmiente la disponibilidad de 200 camionetas que afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El comunicado de ATE va en esa línea también y aclara que “gran parte del presupuesto eran sueldos, porque todos los financiamientos que ejecuta el INAFCeI provienen de otros organismos”, ya sean gobiernos locales, el INTA, Senasa, otros ministerios u organismos internacionales. “Todos ellos ven lo que Adorni no ve”.

 

 

 

20-03-2024

El superávit comercial de febrero fue de 1438 millones de dólares. Este saldo se explica por el derrumbe del mercado interno, la caída del consumo y, en consecuencia, el fuerte retroceso de las importaciones.

 

El superávit comercial de febrero fue de 1438 millones de dólares. Se trató del tercer mes consecutivo de superávit. La situación se explica por el derrumbe del mercado interno, la caída del consumo y, en consecuencia, el fuerte retroceso de las importaciones. Los datos fueron publicados en el último informe de intercambio comercial del Indec, en un documento que detalló que las importaciones registraron una disminución de más del 18 por ciento interanual. Una derivada más del ajuste ortodoxo del gobierno, que impacta en los ingresos de la población y deprime la demanda interna.

En el informe del Indec se mencionó que el intercambio comercial (suma de exportaciones e importaciones) fue en febrero de 9.624 millones de dólares, lo que representa una caída anual del 6,3 por ciento. A pesar de esto, el resultado comercial (es decir, la resta entre exportaciones e importaciones) fue positivo en más de 1400 millones de dólares. Entre las consultoras privadas marcaron que este superávit de febrero fue uno de los más elevados desde 2012.

En el gobierno, pese al fuerte retroceso del poder adquisitivo de la población, el salto de la inflación, el avance de la pobreza y la desigualdad, festejaron el resultado de las cuentas externas. El planteo es que por segundo mes consecutivo el país no sólo consiguió superávit comercial sino fiscal, es decir que empieza a poner las cuentas macroeconómicas en orden. Sin embargo, una parte de los analistas asegura que estos datos del primer bimestre difícilmente se repitan hacia adelante.

En el detalle de exportaciones e importaciones de febrero, se registró que los despachos al exterior aumentaron 5,6 por ciento interanual. En términos desestacionalizados, se observó un aumento de 2,5 por ciento, mientras que la tendencia-ciclo tuvo un incremento del 2,8 por ciento con respecto a enero. Los precios disminuyeron 6,8 por ciento y las cantidades aumentaron 13,5 por ciento.

Por el lado de las importaciones, se observan los mayores impactos de la política del gobierno. Las importaciones en febrero disminuyeron un 18,6 por ciento en comparación con febrero del año anterior. En términos desestacionalizados, registraron una disminución de 3,6 por ciento, mientras que la tendencia-ciclo descendió 3,9 por ciento en relación con enero. Los precios y cantidades disminuyeron un 6,4 y 13,2 por ciento respectivamente.

Este último dato refleja el nivel de contracción de la economía durante los últimos meses provocado por el ajuste ultra regresivo que lanzó el gobierno en diciembre. Incluso algunos economistas del establishment plantean que las medidas implementadas son de un “salvajismo” pocas veces visto. Por ejemplo, Daniel Artana de estudio Fiel lo planteo con estas palabras: “yo no digo que esto esté bien. Me parece que lo que han hecho con la licuadora ha sido bastante salvaje”. Se refirió principalmente al impacto que provocó la inflación en las jubilaciones y en las pensiones.

Cuando se revisa por rubros, en febrero las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas, entre otros) registraron un superávit de 740 millones de dólares, lo cual fue 32 millones de dólares superior al mismo período del año anterior.

Por su parte, en el sector automotriz (vehículos para transporte de personas; vehículos para transporte de mercancías; y chasis, partes y neumáticos), las exportaciones netas tuvieron un saldo negativo de 250 millones. En febrero del año anterior, mientras tanto, habían registrado un déficit de 268 millones. Las ventas al exterior descendieron 15 millones y las compras u$s33 millones, ambas respecto a igual mes del año anterior.

 

 

 

20-03-2024

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia aseguró que para comenzar a resolver la escalada de violencia en Santa Fe se debe escuchar a los trabajadores de la Policía y profesionalizar la fuerza lo máximo posible.

 

El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, cuestionío al gobierno de la provinica de Santa Fe por la escalada de violencia narco en la ciudad de Rosario y apuntó al presidente Javier Milei, a quien acusó de “jugar para la tribuna” mientras “hay muertos” en las calles. En tanto, al profundizar sobre una posible solución, puso el foco en la Policía.

Tras catalogar la violencia en Rosario como “lo más terrible” de las trágicas noticias de los últimos meses, cuestionó las acciones que está tomando el Gobierno. En primer lugar, por haber realizado allanamientos y publicado, en el mismo momento, las direcciones que se iban a revisar.

“La semana pasada se hicieron allanamientos para individualizar a los asesinos. Pero se publicaron las direcciones de los domicilios allanados. Nunca se me hubiese ocurrido dar esta información en el curso de una investigación. ¿Estamos todos locos o estamos actuando únicamente para la tribuna?”, se preguntó irónicamente.

En este punto, Zaffaroni pidió “poner las cosas en claro” y explicó que “Rosario llegó a esta situación de violencia por muchos factores”, entre ellos, el creciente desempleo y la pobreza. Pero, dijo, “en concreto”, también se dio “porque se le desarmó la policía”.

“Eso todos los saben. Las policías descuidadas, mal pagas, sin controles. Esas policías se destruyen y se produce un caos. En Rosario hay un jefe de policía procesado. Hay bastante personal procesado. Hasta hay dos fiscales procesados. ¿Qué es esto? No podemos jugar para la tribuna mientras hay muertos” denunció.

A lo que, luego, añadió: “No podemos hablar del socialismo, del zaffaronismo con liviandad. Cuidado con rosarizar todo con el cuento de que las policías deben tener mano libre para hacer cualquier cosa. Cuando se las descuida, se autonomizan y las cúpulas hacen cajas. Cajas en las que se recauda de manera piramidal”.

Por eso, Zaffaroni consideró que “las policías deben ser bien pagas”. “Un buen comisario debe ganar lo mismo que un juez, y de allí, para abajo. No se puede tener servidores públicos sin pagarles. Tampoco se los puede mandar a la calle con unos meses de gimnasia y algunas nociones, no muy clara, de su función”, añadió.

“A las policías hay que pagarles, pero también tecnificarlas, y escucharlas, y ponerles el oído. Son quienes están en las trincheras del día a día. Pero para escucharlas, primero es necesario respetar a los trabajadores policiales. Son trabajadores como cualquier otro. Son los trabajadores a los que más se les reconocen los derechos laborales. Seamos conscientes de esto”, finalizó.

 

20-03-2024

A fin de mes concluyen más de 70 mil contratos de la Administración Pública Nacional. El martes o miércoles de la semana que viene se comunicarían las cesantías. ATE propone convocar un paro general.

 

El 31 de marzo es el día D. Vencen más de 70 mil contratos de trabajadores estatales y es la fecha límite que estableció Javier Milei para ejecutar una segunda ola de despidos. “El martes o miércoles de la semana que viene van a ser determinantes”, advierten en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los gremios aseguran que los responsables de distintos organismos filtraron que se bajó la orden de reducir entre un 20 y 30 por ciento la planta transitoria de la Administración Pública Nacional (APN). En el Gobierno responden que, por el momento, no hay datos certeros. En la previa de los anuncios, Armando Guibert, el funcionario encargado de la “depuración” del Estado, presentó su renuncia, y mientras el Presidente se ufana de las cesantías, trabajadores de la Casa Rosada se declararon en “estado de alerta y movilización”.

La angustia crece en las dependencias públicas nacionales. Todos los días llegan, cada vez con más frecuencia, telegramas de despidos; y se sabe que la semana que viene se intensificarán porque finalizan 65 mil vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6 mil de los conocidos como 1.109. Se trata de trabajadores precarizados, cuyos contratos fueron prorrogados por tres meses el 31 de diciembre, y que están en vilo a la espera de una definición.

"Es inminente el despido de miles de estatales. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes", expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien convocó a una reunión del Consejo Nacional del gremio para mañana a las 10. El objetivo del encuentro es convocar con urgencia a un paro general. “Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril”, agregó. El dirigente estima que a raíz del fin de semana largo, las notificaciones se enviarán entre el martes 26 y el miércoles 27. "Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional", completó Aguiar.

Bajo este escenario, el Gobierno se prepara para implementar la segunda ola de despidos masivos. La primera comenzó en los primeros días de gestión. A dos semanas de la asunción presidencial, el Gobierno anunció que pondría fin a unos 7 mil contratos suscriptos en 2023 y que realizaría un “exhaustivo” relevamiento sobre la planta del Estado. Esa última tarea estaba comandada por Armando Giubert, secretario de Transformación del Estado, quien presentó su "indeclinable" renuncia el lunes pasado tras el escándalo por el aumento salarial del Presidente.

Las primeras cesantías se efectivizaron el 2 de enero, cuando 1500 empleados públicos llegaron a sus puestos de trabajo y fueron notificados que habían sido despedidos. Luego se avanzó con recortes en el PAMI, 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, más de 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 50 en el Conicet, 26 en la Secretaría de Derechos Humanos, 170 en el Incaa, entre muchos otros; y los anuncios del cierre de Telam (700 empleados), el Inadi (400 empleados) y el Instituto de Agricultura Familiar (900 empleados), que no fueron operativizados.

En el Ministerio de Capital Humano, la cartera que según Milei iba a tener siempre la billetera abierta, se cerraron los 59 Centros de Referencia con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia en todo el país. El recorte implicó terminar con los contratos de unos 600 empleados. En el exMinisterio de Trabajo, ahora devenido en secretaría, denuncian que existe la intención de reducir un 30 por ciento de la planta. "No hay razones fiscales, ni presupuestarias para proceder con los despidos. Hay decisión política de ponerlo en manos de asociaciones empresarias y favorecer el lucro de grupos económicos concentrados", sostienen sus trabajadores.

En la antesala a la nueva ola, circuló por redes sociales un supuesto “instructivo” de despidos masivos. Mensajes de Whatsapp con un manual de conducta, que recomendaba a los responsables de las distintas áreas cómo ejecutar las cesantías. Por ejemplo, comunicarlas “verbalmente” y evitar discontinuar los contratos de embarazadas o dirigentes gremiales. En Casa Rosada, señalan que “no existen esos condicionamientos” y que cada dependencia está realizando una evaluación de "eficiencia" y que será el parámetro para decidir quiénes seguirán o no en sus funciones.

El número de despidos es aún una incógnita. “Hemos echado a 50 mil empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos, eso es motosierra", exclamó orgulloso Milei la semana pasada. Es otra cifra que el Presidente revolea por los aires y no se condice con la realidad. En los gremios niegan que ese sea el volumen de cesantías, aunque sostienen que es posible que sea la meta pretendida por el Gobierno.

Rebelión en Balcarce 50

Mientras Milei se ufana del feroz ajuste, sus empleados en Casa Rosada están en pie de guerra: denuncian despidos y "empobrecimiento" de sus salarios, a raíz de la eliminación de las horas extras. "Los funcionarios cobran millones y a nosotros nos dejan con sueldos de indigencia", se quejaron ayer. "No somos casta, somos trabajadores orgullosos de la Presidencia y ese orgullo transforma el miedo en organización y resistencia", concluyeron.

Al tiempo que transcurría la protesta, el mandatario estaba apostado en su despacho. Lejos de escuchar el reclamo, seguía dándole vueltas al desguace del Estado.

 

 

 

18-03-2024

El Presidente pide desdoblar para que la exportación libere divisas, pero el ministro se niega. Por esto, la agroindustria no liquida y las alimentarias creen que devaluará y aumentan.

 

Históricamente, el hoy presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, han tenido más diferencias que coincidencias sobre conceptos de la política económica. Ya con ambos en el ejercicio del poder, esa dinámica de conflicto se recalentó y buscan mantenerla en reserva. Ambos tienen hoy percepciones opuestas en dos temas centrales: qué hacer con el dólar y cómo controlar los precios, que ya son los más altos del mundo. El Presidente pide desdoblar el tipo de cambio cuanto antes para que entren 10 mil millones dólares de exportadores y poder abrir el cepo o dolarizar; pero el ministro se niega porque aduce que "seguirá el veranito" cambiario y habrá inversiones.

Mientras tanto, esas señales de confusión e internas en la conducción económica frenan las ventas de los exportadores, que esperan un mejor tipo de cambio y, a la vez, hacen que las alimentarias no crean la promesa de Caputo de que no devaluará y sigan aumentando los precios para cubrirse. En pocas palabras, el atraso del tipo de cambio que quiere sostener el ministro está alterando no sólo el ingreso de dólares, sino también la meta de desinflación. Un combo peligroso.

Todo esto deja un dato muy fuerte, que muestra por qué hoy los alimentos en Argentina son aún más caros que en ciudades top del mundo: desde que asumió Milei a los primeros días de marzo, los precios de Alimentos y Bebidas subieron 71 por ciento, casi lo mismo que el indicador general de inflación. Y en el caso de las bebidas, las remarcaciones más que duplicaron los niveles del IPC general.

Hace unos días, preocupado por las remarcaciones de las empresas de alimentos nucleadas en la cámara Copal, Caputo las convocó para que den explicaciones, porque en marzo la suba semanal de los precios superó los 3 puntos. En ese encuentro, el ministro les insistió en que no va a devaluar, pero las empresas no le creyeron y, para esquivar el compromiso, le inocularon la teoría de las promociones. Tres de las multinacionales que lo visitaron, según supo Página I12, fueron las que le dijeron al funcionario que los grandes supermercados nucleados en la cámara ASU son los que evitan, con promociones 2x1, que el Indec mida una baja en los precios. Esto abrió una grieta entre los dos bandos.

Caputo, que conoce poco del mercado interno y mucho del sector financiero, cayó en la trampa. Llamó a los supermercados y les dijo que bajen las promos. Solo una gran cadena, por pedido del propio ministro, armó un folleto donde se reemplazaban las promociones por descuentos porcentuales. Caputo se quedó conforme, lo expuso en su cuenta de X y le trasladó la increíble teoría al Presidente, que a su vez la repitió como mantra en medios. Pero el ministro ya había perdido por duplicado al comprar la idea: los fabricantes que le vendieron el mito de las promos lo hicieron para evitar bajar su precio unitario, que es el que mide el Indec, y el resto de los supermercados siguen hasta hoy ofreciendo promos o disfrazándolas de descuentos porcentuales.

Las remarcaciones golean a la inflación

"Esto es sencillo, si Milei dice que quiere levantar el cepo o dolarizar, cómo hacemos para creerle a Caputo que no se va a hacer", contó a este diario el ceo de una alimentaria extranjera. Eso, sumado a la inflación alta, al atraso cambiario y a las internas políticas, hace que los alimentos sigan subiendo a niveles exorbitantes, por encima de 3 puntos en las dos primeras semanas de marzo, según la consultora LCG. Además, hay un plus: si bien la inflación con Sergio Massa ya corría a ritmo muy fuerte, con Milei se suma una liberación total de precios de otros rubros. Desde la semana 1 de diciembre a la semana 1 de marzo el rubro Alimentos y Bebidas subió 71 por ciento, en línea con el índice general, un récord. Y, en paralelo, los precios regulados medidos por el Indec (Tarifas, prepagas y colegios, entre otros), corrieron al 85 por ciento. Los datos son parte de un relevamiento semanal de la Consultora Vectorial, a cargo del exviceministro de Economía, Haroldo Montagu.

En el trabajo se discrimina, además, por rubros. Allí se ve que Alimentos -sin Bebidas- subió 69 por ciento desde que Milei es gobierno, pero Leche, Productos lácteos y Huevos aumentó un 81 por ciento. Mientras que, también por encima de la media, se posicionaron Frutas, con el 76 por ciento y Verduras, con 71. Según los números de Vectorial, las remarcaciones en Bebidas sin alcohol fue aún peores: Café, té, yerba y cacao subieron un 67 por ciento, pero Gaseosas, aguas y jugos lo hicieron un 89 por ciento, muy por encima, inclusive, de Bebidas alcohólicas, que aumentaron 68 por ciento.

El caso Coca Cola

El caso de las gaseosas es elocuente. Esta semana, este diario develó el remate de mercadería que tuvo que hacer Coca Cola porque quedaba a punto de vencerse mercadería que no se vendió en las fiestas y el verano. ¿Por qué no se vendió? porque además de que el ajuste de Milei desplomó los ingresos, los precios de la multinacional subieron de forma descomunal. Vectorial midió que desde enero del 2023 hasta la última semana de febrero de este año, Coca Cola aumentó sus precios un 603,5 por ciento. En ese mismo período, la inflación fue de 360,6 por ciento. Un dato extra: desde que Milei asumió y liberó precios de alimentos, esa empresa subió sus precios un 76,6 por ciento, contra 71 por ciento de inflación.

Para ser justos, lo que hizo Coca Cola también lo hicieron sus competidores: desde 2023 a hoy Seven Up (de Pepsico) aumentó 607, 3 por ciento contra 360 de inflación; Cepita subió un 629 por ciento, y Pepsi un 511. El informe de la consultora de Montagu refleja, en esta línea, que el mayor salto de aumentos se dio en octubre, cuando el mercado paladeaba un triunfo de Milei y la liberación de los precios. En pocas palabras, el libre mercado no equilibró precios, los aumentó exponencialmente. Hoy, un pan lactal de primera marca en Argentina ya se vende, según datos del sector comercial, a 4,5 dólares o unos 5000 pesos, y el 80 por ciento del producto lo fabrica la mexicana Bimbo, también dueña de Fargo. La pasta de dientes en el exterior se paga 1,5 dólares y en Argentina puede llegar a costar hasta 7 dólares. Son solo dos casos que inquietan al Gobierno.

Todo esto ayuda a ahondar el pozo en el que cae el consumo masivo: datos preliminares de la consultora Scentia a los que accedió este diario muestran que las ventas en hipermercados cayeron 8 por ciento en febrero, y que entre el 4 y el 10 de marzo la baja llegó a los 9 puntos.

Ruidos en el mensaje político

Hace unas horas, en una reunión de la Copal, los exportadores de carne comentaron que quieren un dólar de 980 pesos, que descontadas retenciones les quedaría en algo más de 880 pesos. "No podemos vender a este dólar", argumentaron altísimos dirigentes del consorcio exportador ABC.

En este contexto, Milei le insistió a Caputo para desdoblar o devaluar, pero el ministro sabe que esa es su carta de salida. Quizás Milei lo haga adrede, dicen los más pícaros en La Rosada. Lo cierto es que las desavenencias no sólo traban los dólares de la carne, sino también los de la soja. Los exportadores estiman que habrá una corrección cambiaria, y guardan la liquidación. No venden o venderán lo que precisen para cubrir costos.

Según cifras del sector a las que accedió este diario, se están liquidando granos a razón de entre 200 mil y 150 mil toneladas semanales, más que poco. "Si llegamos a abril con 4 mil millones de dólares vendidos, descorchamos champagne", se escuchó en el sector. Milei le pide a su ministro que haga el esfuerzo por esos dólares, dándoles un diferencial. Ese plus, según los laderos de Milei, habilitaría una liquidación de 10 mil millones de dólares de la gruesa entre abril y mayo.

 

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