El camino de la renegociación de la deuda no está despejado, pero sin conocer la propuesta en los mercados se detecta calma.

 

Entre las urgencias que se ha planteado la gestión de Alberto Fernández, la renegociación de la deuda externa ocupa un lugar relevante. Con el anuncio de la decisión de renegociar y cumplir con los vencimientos inmediatos, el ministro de Economía Martín Guzmán ha comenzado a construir un camino en este sentido como lo demuestra la baja del riesgo país por debajo de los 2.000 puntos básicos – en torno de los 1.800 puntos – que si bien sigue siendo una cifra importante, no deja de mostrar una tendencia.

El Palacio de Hacienda viene manteniendo encerrados bajo siete llaves los términos de la negociación. Uno de los temas que más preocupa a los acreedores es la perspectiva fiscal de la Argentina. Sin embargo, aunque aún sin conocer la propuesta argentina a los tenedores o el tenor de las conversaciones con el FMI, en los mercados se detecta calma.

Esta “tranquilidad” respondería a que una de las decisiones que más se ponderó en el mundo financiero internacional fue la posibilidad que logró el gobierno de Fernández de manejar a piacere los ajustes de las jubilaciones que junto con otras partidas sociales representan el 60% del gasto público. Es que, el gobierno de Fernández - aunque no mencionan la palabra “ajuste” que fue reemplazada por “solidaridad”- lo cierto es que, cálculos preliminares estiman que la mejora fiscal podría llegar hasta 2 puntos del PBI.

“El presidente (Emmanuel) Macron de Francia acaba de frenar su proyecto de reforma de pensiones por la presión popular pese a que sólo quería extender a 64 años el límite para jubilarse, y ustedes en la Argentina -sin casi ninguna reacción- de un solo golpe congelaron las jubilaciones”, señaló un analista de un fondo de inversión a Ámbito.

Esto no significa, explicaba el mismo analista, que el camino de la renegociación de la deuda argentina esté despejado aunque, en los mercados internacionales se señala que “a nadie le conviene que la Argentina caiga en default”. Es que para los acreedores significaría degradar sus activos. En tanto, las tasas de interés internacionales continúan siendo bajas y sin perspectivas de un cambio significativo en el futuro inmediato lo que ayudaría a que exista disposición a escuchar una propuesta por parte de Argentina.

En la misma sintonía, fuentes del Palacio de Hacienda señalan que “las negociaciones vienen bien y ya hubo varios contactos con privados”.

Actividad

Mientras tanto, analistas económicos locales señalan que el gobierno ha optado atacar en primer término la caída en la actividad y ocuparse luego de una baja significativa de la inflación. En este contexto, las principales consultoras vaticinan que la inflación del primer trimestre del año difícilmente baje de escalones del 3 a 4% mensual.

El relanzamiento del sistema de “Precios Cuidados” constituye una herramienta para mantener estables los precios por tres meses. “Son precios de referencia para el consumidor”, explican fuentes de la conducción económica al tiempo que anticiparon a Ámbito que “se incorporarán permanentemente productos y se realizarán también canastas regionales”.

El acuerdo es por un año y los participantes se han comprometido a no cambiar el producto ofrecido, salvo alguna situación muy particular como por ejemplo, faltante de la materia prima. Es decir, la intención es que el consumidor siempre encuentre los productos ofrecidos y observe que por tres meses los precios no se alteran.

La previsibilidad para el consumidor a lo que se sumó el paquete de medidas para impulsar una mejora en el consumo, son dos herramientas que tienen como objetivo que el motor de la economía comience a funcionar.

El gobierno cuenta con una ventaja, la importante capacidad ociosa de los sectores productivos, pero también sabe del elevado nivel de endeudamiento que hoy sufren las empresas -y no solo las Pymes-.

Moratoria

Por esta razón y a todo vapor se trabaja en la AFIP para tener lista la reglamentación de la moratoria en “unas semanas”, según comentaron fuentes oficiales.

El rol de la moratoria será clave para dar oxígeno a las empresas de todo tipo, por eso el beneficio fiscal abarca a los monotributistas que podrán acceder con la sola inscripción como pyme (sin cambiar su condición fiscal).

Más allá de que se baja de manera sustancial la tasa de interés de los planes, a 3% mensual fija por un año, uno de los puntos clave es que la primera cuota vence recién el próximo16 de julio, es decir dependiendo de cuán rápido se inscriba el contribuyente, puede llegar a tener casi seis meses de gracia. Este dinero que se ahorra, estiman a nivel oficial, se volcará hacia consumo que estaba reprimido y/o inversiones postergadas.

Atraso cambiario

Las expectativas también están puestas en el consejo que coordine con empresarios y sindicatos políticas de estabilización y crecimiento, un tema sobre el que mucho se ha hablado pero del que todavía faltan definiciones.

Mientras tanto, algunos analistas muestras preocupación por la estabilidad del tipo de cambio que, en un contexto de alta inflación mensual, perfila el riesgo de un nuevo atraso del dólar en el futuro. “Nuestras estimaciones son que el tipo de cambio real se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, pero en un contexto de una mayor presión impositiva que lleva a pensar en la necesidad de un dólar algo más alto si es que se quiere lograr un repunte significativo de las exportaciones”, señaló un analista a Ámbito.

De acuerdo a la opinión de un economista heterodoxo, “si bien las medidas no son las ideales, en tanto el Banco Central siga comprando reservas y se preserve el equilibrio fiscal, creo que hay margen para una recuperación moderada, tal vez de 3 a 4% de crecimiento en el año medido entre puntas”.

Quienes dicen conocer al ministro Guzmán afirman que todavía es prematuro hacer pronósticos. “Es un economista, que entiende el equilibrio general y tiene una visión pragmática, no debería extrañar que el verdadero plan económico se conozca una vez que termine la renegociación de la deuda externa”.

De todas maneras, el presidente Alberto Fernández hoy cuenta con las herramientas necesarias para y ajustar las variables que necesite. Un trabajo de Synopisis sintetiza las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo por la Ley de Emergencia. De su enumeración surge la referida “centralización” en la toma de decisiones:

Renegociar la Deuda para darle sustentabilidad

Fijar o Modificar los Derechos de Exportación (con un tope)

Renegociar la Revisión Tarifaria Integral vigente

Bajar las Retenciones a Economías Regionales

Intervenir Organismos de control de los Servicios Públicos

Determinar los aumentos Jubilatorios

Fijar impuestos adicionales para bienes en el extranjero

Decretar aumentos para el Sector Privado

Incorporar nuevas operaciones al impuesto PAIS

Facultades para emitir Deuda por un monto determinado.

Con estas diez facultades delegadas, los analistas consideran que el Poder Ejecutivo cuenta con las herramientas necesarias para tomar decisiones rápidas en un contexto que el gobierno ha definido como de “profunda crisis”.

Por qué un Gobierno que tiene mayoría en el Senado y casi mayoría en Diputados provoca semejante proceso de centralización de la toma de decisión. Según señala la consultora, “quizás la decisión se entienda como una respuesta de Fernández a los desafíos de estar al frente de una alianza poderosa, pero con el poder descentralizado”.

Al respecto, indica que si bien la coalición tiene mucho poder “no todo ese poder está en manos de Fernández” y por esta razón al menos para el manejo económico el presidente centralizó la toma de decisiones en un contexto de crisis.

 

El ministro de Obras Públicas cuestionó que la gestión anterior creó "una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador".

 

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que la gestión de su antecesor Guillermo Dietrich creó "una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador" y adelantó que "llevará a la Justicia" las irregularidades detectadas en el área de Vialidad Nacional durante el pasado gobierno.

"Iremos a la Justicia y haremos las denuncias del caso donde encontremos situaciones que tienen que ser judicializadas", subrayó el ministro durante una entrevista por AM 750.

Según Katopodis, la gestión de Guillermo Dietrich "creó una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador".

"(El gobierno anterior operó) con mucha negligencia, permanente conflicto de intereses y poca transparencia", subrayó.

Además, indicó que no hay "ninguna justificación" para el nombramiento de 85 gerentes en cuatro años y remarcó que la situación de Vialidad es "grave".

"Se pasaron de marketing y grandes anuncios de megaproyectos que después no se concretaban", expresó.

"Ellos que vinieron con la bandera de la eficiencia y que nos venían a explicar cómo teníamos que hacer las cosas, fueron muy malos gobernando y gestionando", concluyó.

 

La marca de motos Zanella acusó a La Emilia, propiedad de Motomel de "incurrir en prácticas desleales y anticompetitivas, lesivas de la libertad de contratación y del derecho de propiedad". Qué dijo la abogada de la firma afectada.

 

Se inició una nueva batalla en la guerra entre Zanella y Motomel, dos de las marcas de motos más importantes de la Argentina. En un comunicado Zanella acusó directamente a la firma La Emilia, propietaria de Motomel, de ejecutar maniobras fraudulentas con el único objetivo de llevar a su competidora a la quiebra y de esta forma quedarse con su valiosa marca a un precio irrisorio.

Entre muchas otras acusaciones Zanella remarca que La Emilia es responsable de “incurrir en prácticas desleales y anticompetitivas, lesivas de la libertad de contratación y del derecho de propiedad, con el único interés de obtener a toda costa la adquisición de los activos de Zanella, prescindiendo del ineludible derecho de Zanella de decidir a quién, cómo y cuándo dispone de sus bienes”.

Enseguida el comunicado es más contundente y remarca: “La Emilia pretende colocar y forzar a Zanella a una situación de quiebra, con el fin de obtener la adquisición de sus activos en un proceso de remate”.

Lo cierto es que el enfrentamiento entre las dos compañías lleva varias semanas y se desencadenó cuando Motomel denunció ante la justicia comercial de San Luis, donde su rival tiene una fábrica, irregularidades en la venta de la marca Zanella.

En aquel momento desde La Emilia explicaban que habían concretado una presentación de compra ante la justicia comercial para quedarse con este activo por un valor cercano a los $245 millones pero sus dueños habían acordado vendérselas a la firma IMSA por un valor mucho más bajo que rondaría los $122,3 millones.

La novela siguió con una desmentida por parte de Zanella, reconociendo en primera instancia que pretendía venderle su marca a IMSA, pero que nunca antes había recibido una propuesta de compra por parte de Motomel.

Ahora la guerra recrudeció con la acusación directa de que su rival pretende llevarla a la quiebra y la promesa de seguir la causa en la justicia cuando concluya la feria judicial.

“Es totalmente inexplicable la presentación de Motomel ante la justicia y fue con el único objetivo de ponerle un freno a la venta de la marca que ya estaba autorizada por un juez. Nosotros como empresa notificamos la operación a la justicia porque estamos atravesando un concurso de acreedores. Mientras tanto Motomel, en primera instancia, nunca nos hizo una propuesta de compra, y en segundo lugar, tampoco es partícipe de nuestro concurso de acreedores, entonces no tienen ningún tipo de asidero su escrito y acusación”, detalló a Ámbito Soledad Fraire, apoderada de Zanella.

La apoderada detalla que, producto de la presentación de Motomel, se frenó la operación de venta y la empresa no puede llevar adelante sus planes para sanear su operatoria: “Nuestro proyecto es muy sólido, porque prevé que con la venta de la marca, comenzaremos a producir motos para la firma IMSA desde nuestra planta de San Luis, además de abastecer el mercado con los repuestos fabricados en la unidad industrial de Caseros”.

“En marzo tenemos previsto además pagar la última cuota del concurso de acreedores y cerrar esta instancia tan compleja para la empresa. Mientras tanto Motomel solo busca complicar todo para quedarse con una marca como Zanella que hoy tiene el 20% del mercado nacional de motos. Solo nos resta confiar en la justicia que nos dará la razón y podremos seguir adelante tal como estaba previsto”, cierra Fraire.

Mientras tanto desde Motomel ratifican que se hicieron varias ofertas directas de compra por la marca Zanella y que todas fueron muy por encima del valor que venta que su dueña aceptó por parte de la firma IMSA. Explican además que la presentación en la Justicia se concretó como un respaldo a las negociaciones privadas y esperan también que la Justicia se expida luego de la feria judicial.

 

 

El ministro de Obras Públicas advirtió que el gobierno de Macri montó un "sistema" para garantizar "ganancias extraordinarias a un grupo económico" con las privatizaciones. Dijo que 6 de 8 proyectos están paralizados.

 

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, sostuvo este viernes que el gobierno nacional inició una "auditoria" sobre las obras "adjudicadas y paralizadas" durante la gestión de Mauricio Macri y adelantó que en los próximos meses el Estado "recuperará el control de cinco corredores viales y rutas que estaban privatizados".

“Estamos revisando muchos de los proceso, que hoy están concesionados en manos privadas, y que tenemos la decisión de ir progresivamente pasando a manos del Estado, a medida que se van cumpliendo esos contratos. Estamos convencidos de que la mejor modalidad que tenemos para garantizar el la administración y mantenimiento de esas áreas es que sea el Estado el que cumpla con esa responsabilidad”, dijo el funcionario a FM La Patriada.

"Este modelo (de adjudicación de obras) lo estamos revisando y estamos tomando la decisión de pasar a manos del Estado, en los próximos meses, cinco corredores viales y rutas que están privatizados", adelantó el ministro, quien participó este jueves del lanzamiento del plan "Argentina Hace" encabezado por el presidente Alberto Fernández por $9.000 millones.

Katopodis añadió que, desde el gobierno nacional, están "convencidos de que el Estado va a poder administrar esos corredores con mucha más eficiencia".

Se trata de la Ruta 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero; la Ruta 9 en Santiago del Estero; la Ruta 8, en Mercedes, San Luis; la Ruta 19, en Santo Tomé; y la Ruta 188, ubicada en la localidad de Pergamino.

El ministro explicó además en declaraciones a Radio 10 y Radio La Red que esos accesos "hoy están en manos privadas; y en 20 días, se operará la primer transferencia de uno de esos corredores para que vaya a manos del Estado".

"Lo vamos a administrar de una forma más eficiente garantizando que las rutas estén en condiciones porque hoy tienen un deterioro estructural", sostuvo.

El ex intendente de San Martín dijo que cuando asumió el cargo se encontró con “un ministerio absolutamente dinamitado”, afuera de la planificación de los municipios y provincias, con el 60% de las sobras paralizadas, desfinanciado y con una continua subejecución de partidas en muchas áreas. “Intendentes y gobernadores me cuentan todos los días que las obras en sus provincias están paralizadas o suspendidas, como hospitales, acueductos, rutas”, señaló.

El ministro consideró que el gobierno de Macri quedó “muy lejos” de haber cumplido sus objetivos y metas en la obra pública. “No fue una política consolidada, con metas logradas. Nos encontramos con un Estado de mucha deficiencia”, remarcó, y denunció que hay provincias donde las obras “estuvieron ausentes” durante los cuatro años de gestión anterior.

El déficit “monstruoso” de AySA y una auditoría por las obras públicas de Macri

Katopodis cuestionó el discurso que expresaba el Gobierno de Macri, cuando sostenía que había avanzado en obras de infraestructura como ningún otro en la historia del país. "Claramente la evaluación y el saldo tiene muy poco para mostrar. Sólo en materia de agua y cloacas los resultados son muy pobres. De las 135 obras que tiene AySA, el 80% están paralizadas", precisó. Además, señaló que el déficit operativo que tiene AySA, que construye agua y cloacas en 24 distritos del Gran Buenos Aires, "es monstruoso".

Además, resaltó que la auditoria que se está realizando investiga "un sistema implementado por el gobierno de Macri que estaba basado en garantizar ganancias extraordinarias a un grupo económico; y buscaba privatizar y desmantelar el Estado". Katopodis evitó dar el el nombre del grupo, pero se estima que es una empresa con estrechos vínculos con la gestión Cambiemos.

"Lo que termina ocurriendo es que hay empresas fantasmas que ganan las concesiones y no tienen la capacidad de hacerse cargo de las obras, y venimos sufriendo el deterioro de las rutas en la Argentina porque el gobierno pasado tiene muy poco para mostrar en materia de infraestructura", definió.

"Anunciaron 4.000 km de rutas seguras e hicieron 0; dijeron que iban a construir 2.800 km en autopistas e hicieron apenas 365; dinamitaron el ministerio, no sólo lo sacaron del organigrama sino que lo borraron; y el nivel de deuda que dejaron es enorme".

"Es cuestión de hablar en cada provincia, y cada gobernador o intendente, para comprobar la parálisis de la obra pública", concluyó.

 

 

La presidenta de la entidad, Yolanda Durán, fue convocada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Aseguran que las experiencias anteriores fueron exitosas.

 

El Gobierno abrirá el próximo lunes una instancia de negociación con la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático para que los denominados "supermercados chinos" se sumen al programa Precios Cuidados.

La presidenta de la entidad, Yolanda Durán, fue convocada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para que estos negocios de proximidad distribuidos en la mayoría de las ciudades del país puedan sumarse a la iniciativa de establecimiento de precios de referencia.

En declaraciones radiales, la dirigente empresarial dijo que no cree que los supermercados chinos puedan sumarse con los 310 productos que integran la nueva lista de precios acordados, sino con una cantidad "más acotada".

"Vamos a llevar nuestra propuesta porque ya tuvimos experiencias anteriores que fueron exitosas", manifestó Durán, tras señalar que el sector necesita formar parte de la iniciativa para poder incrementar sus ventas.

En diálogo con A24, dijo que las ventas siguen en caída, pero aclaró que hasta el momento no se puede evaluar cuál es el impacto del cambio de políticas tras la asunción del nuevo Gobierno.

"Vamos a poder evaluarlo más adelante. Ahora hay mucha gente que se fue de vacaciones. Quedaron pocos clientes en los barrios.

Lo que sí sabemos es que en el verano 2019 registramos una caída del 7% respecto del de 2018. Hace mucho tiempo que venimos mal", sostuvo la presidenta de la entidad.

En tanto, las ventas de estos supermercados cayeron un 12,7% a lo largo de todo el 2019, en comparación con 2018, un año en el que el sector ya había vendido menos que en 2017.

En la reunión con Español y con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, los referentes del sector pedirán al Gobierno una tarifa diferenciada de energía eléctrica porque en la actualidad los supermercados chinos están pagando facturas de unos 60.000 pesos mensuales en promedio.

 

El Presidente aseguró que algunos sectores que criticaron sus primeras medidas de gobierno serán los grandes beneficiados cuando se reactive la economía.

 

Al cumplirse el primer mes de su gestión como presidente, Alberto Fernández hizo un balance positivo del rumbo adoptado por la gestión: “Hemos podido tranquilizar la economía y poner en marcha algunos proyectos que van a garantizar la inversión”, aseguró en un diálogo con periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

El jefe de Estado explicó que en estos 30 días impulsó medidas para “poner en orden las cuentas públicas” sin afectar a los sectores que menos tienen. “A los que hacen el aporte, les pido que no se enojen y entiendan el lugar en el que estamos”, desarrolló. Y puntualizó: “Nos hubiera gustado no exigirle a nadie tanto”.

Al ser consultado sobre el ajuste fiscal y el aumento de impuestos que golpea a la clase media, el Presidente respondió: "Ese discurso de que la clase media se enoja, yo no entiendo mucho por qué. La clase media cuando vea cómo se reactiva la economía porque los sectores más bajos empiezan a consumir, va a ser la gran beneficiada; por lo tanto ese argumento mucho no lo entiendo”.

En su primer mes a cargo del Poder Ejecutivo, Fernández logró la sanción de la Emergencia Económica, impuso un recargo de 30% al acceso a los dólares, inició negociaciones con el Fondo Monetario para reperfilar la deuda y promovió un mayor intervencionismo en la economía. Paralelamente, intentó moverse a la par de México en su agenda de política exterior.

Fernández negó cortocircuitos con el gobierno porteño por la rebaja en la coparticipación que planea hacer su administración. Adelantó que en los próximos días se entablará un diálogo con Horacio Rodríguez Larreta para consensuar la mejor salida. Dijo además que el diálogo con el FMI está encaminado.

El mandatario evitó hacer comentarios sobre los dichos de Mohsen Rabbani, cerebro del ataque a la AMIA de acuerdo a la justicia argentina, quien esta mañana conjeturó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. “Honestamente, no lo escuché”, se atajó.

 

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