La directora de Asuntos Jurídicos del Senado se refirió así a las detenciones realizadas ayer, y puso el acento en las afirmaciones del juez de la causa, quien "advirtió que por la expertise de las personas detenidas, es posible que (los detenidos) pudieran adulterar la prueba".

 

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, consideró hoy que "no se festejan las detenciones de ningún tipo" en alusión a las realizadas ayer en la causa por supuesto espionaje ilegal, y puso el acento en las afirmaciones del juez federal Federico Villena, quien "advirtió que por la expertise de las personas detenidas, es posible que (los detenidos) pudieran adulterar la prueba".

"Con las detenciones vi un nivel de efervescencia que me preocupó. No hay que festejar detenciones, porque no es lindo. Yo lo viví en carne propia con mis defendidos. Eso es lo primero que vi, luego leí la resolución con desconocimiento de lo que hay en el expediente, y a priori no parecen mal fundadas", dijo Peñafort en referencia a las detenciones ordenadas.

En declaraciones a El Destape Radio, señaló como "más revelador que el juez considerara que por la expertise de las personas que detuvo, era posible que pudieran adulterar la prueba, algo que no me pareció un desquicio".

Ayer, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena detuvo a la exsecretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al exjefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y dispuso otras 20 detenciones más en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.

En la resolución en la que ordenó las 22 detenciones, Villena escribió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal".

Del mismo modo, Peñafort señaló hoy que "todo este grupo (de detenidos) tiene en común su vinculación con fuerzas de seguridad y la realización de tareas de inteligencia ilegal".

Consultada sobre el nivel de responsabilidades, Peñafort explicó que "formalmente (el ex presidente Mauricio) Macri es (era durante su mandato) jefe de la AFI. Pero una cosa es ser el jefe, y otra es tener conocimiento cabal de todo lo que se hace".

"Macri tiene una responsabilidad como jefe de la AFI y tendrá otra si sabía o no, lo que hacían", diferenció.

Por otra parte, Peñafort resaltó que las detenciones no tuvieron que ver con "el poder residual" de las personas involucradas sino con que eran "personal de las fuerzas de seguridad con distintos niveles dentro de la estructura".

En tanto, lamentó "el silencio que durante horas mantuvieron los principales canales del país" respecto de las detenciones y dijo que le "sorprendió espantosamente la nota de respaldo de Adepa y Fopea que no dice nada de algunos periodistas que fueron víctimas de espionaje y no comparten su ideología".

 

 

El mandatario le recomendó al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que "pare drasticamente la circulación" en la provincia y aproveche una herramienta como el programa Detectar que se utiliza exitosamente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)

 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y aseguró que la Nación asistirá a la provincia en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus con el envío al distrito de médicos y de personal de Gendarmería y el Ejército, además de mantener el IFE y afianzar el plan Detectar.

En una videoconferencia que compartieron este mediodía, Fernández le recomendó a Capitanich que "pare drasticamente la circulación" en la provincia y aproveche una herramienta como el programa Detectar, que se utiliza exitosamente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Todos los departamentos de la provincia de Chaco ingresarán en el primer minuto de mañana a la misma etapa de intensificación de las restricciones que comenzará a regir también en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaeresne, en el departamento rionegrino de General Roca y en la ciudad de Neuquén y sus alrededores.

"En verdad, lo que necesitás es parar drásticamente la circulación. Te recomiendo y les pido a los chaqueños un poco más de esfuerzo. Quiero decirle a los chaqueños que esa provincia es tan importante como cualquier otra región del país", agregó el mandatario desde la residencia de Olivos, quien se disculpó por no haber mencionado a la provincia en el último anuncio de extensión de la cuarentena.

En ese marco, el jefe de Estado insistió también en la necesidad de "trabajar codo a codo en la mayor armonía y unidad posible" frente a la pandemia y pidió "olvidarse de cualquier diferencia política porque, si no, la gente no nos lo va a perdonar".

"El virus no distingue entre peronistas y radicales o entre inteligentes y no inteligentes; ataca a todos por igual", dijo Fernández a Capitanich, a quien le transmitió "todo el apoyo" del gobierno nacional para acompañar a ese distrito en la lucha contra la pandemia.

El Presidente sostuvo, además, que la Gendarmería y el Ejercito están "a disposición para trabajar en donde haya que trabajar" para aplicar las medidas de prevención frente al virus en Chaco, uno de los distritos en donde desde mañana comenzará una nueva etapa más restrictiva del aislamiento social ante la suba de contagios.

"Chaco necesita mejores mecanismos de atención de la salud y más médicos", dijo Fernández al mencionar la falta de profesionales de salud para el momento epidemiológico en esa provincia, y resaltó el trabajo de coordinación del Ministerio de Salud de la Nación.

Según el registro oficial de hoy, la provincia de Chaco registró 31 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y lleva un acumulado de 1.961 contagios.

 

Se trata de la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri. También se ordenó detener al ex jefe de Contraingeligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados en la investigación por supuesto espionaje a funcionarios, políticos y empresarios.

 

Susana Martinengo, ex secretaria de Documentación Presidencial.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo hoy a la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios.

También ordenó apresar a Martín Terra, otro ex agente de la AFI y ex pareja de Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.

En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado Nacional, Provincial y Local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal", según el texto al que accedió Télam.

Ante esto, el magistrado ordenó detener a todos los involucrados para ser indagados ante el peligro de fuga o entorpecimiento de la pesquisa.

El juez advirtió estar ante "una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado".

Villena detuvo además a los ex agentes de la AFI Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, como parte de un total de 22 órdenes firmadas hoy.

El listado incluye a Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.

Entre los detenidos hay ex agentes de la AFI, ex policías de la Ciudad de Buenos Aires y empleados del Gobierno porteño y del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, según las fuentes.

También quedó detenido a disposición de Villena el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga espionaje ilegal al instituto Patria, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.

"Debe tenerse en consideración que, en virtud de la labor que ejercían los imputados, es dable sostener fundadamente que dada su expertise podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones", fundamentó el juez al firmar las órdenes de detención.

Villena aludió a "los profusos elementos de prueba que se encuentran siendo analizados por este Tribunal, permiten inferir que los nombrados mantendrían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos aun no individualizados, que podrían facilitar su injerencia para frustrar la pesquisa".

El juez remarcó que se investigan tareas de inteligencia y/o espionaje ilegal en infracción a la ley 25520 "en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones".

Algunas maniobras habrían consistido en "obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión poítica o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias", enumeró entre otras.

Las órdenes de detención se libraron a primera hora de la mañana de hoy y durante la jornada se iniciarán las declaraciones indagatorias, informaron las fuentes.

A medida que se concretaron los procedimientos algunos de los acusados fueron trasladados a la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

Villena investiga presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri a funcionarios; entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se presentaron como querellantes en el caso.

También a ex funcionarios detenidos en la cárcel de Ezeiza por distintas causas penales, así como a empresarios, sindicalistas -entre ellos Pablo y Hugo Moyano- y periodistas.

Los ex agentes de la AFI detenidos integraron el llamado grupo "SuperMarioBross", que formaron en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre sus "objetivos" de vigilancia.

La investigación se inició a partir de los dichos de un detenido por narcotráfico, Sergio Rodríguez, quien declaró ante Villena que el abogado Facundo Melo, de la AFI, lo contactó para distintas tareas, entre ellas colocar un explosivo en la casa de un ex funcionario del gobierno de Macri para darle un "susto".

Villena abrió una investigación, allanó la casa de Melo y en su teléfono celular secuestrado se detectó la existencia de un grupo llamado "Argentina" en la aplicación WhatsApp que integraban ex agentes de la AFI.

Posteriormente en otra pericia hecha al celular de otro ex agente investigado se dio con el grupo "SuperMarioBross" que integraban varios de los ahora detenidos.

 

Así lo acordaron el fin de semana el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán; los contactos con los comités de acreedores; el comité de Blackrock afirma que sigue negociando pero que no recibió una oferta; los vencimientos que no se pagarán.

 

El presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán acordaron este fin de semana los términos de una nueva oferta a los bonistas que, aseguraron calificadas fuentes oficiales, ya no se modificará porque representa “el máximo esfuerzo” para llegar a un acuerdo que le permita al Gobierno salir del default.

Por su parte, según comentaron a Infobae las fuentes oficiales, tres ejecutivos (uno ligado a los Exchange Bondholders, otro de UBS que representa a Gramercy y Fintech y el socio de un importante estudio jurídico de Nueva York) le acercaron de manera no oficial al Gobierno una oferta no oficial de aproximación de los acreedores.

En Buenos Aires afirman que Larry Fink el CEO de BlackRock se involucró en forma personal para llegar a un acuerdo.

En tanto, el Grupo Ad Hoc -que incluye a Blackrock y Ashmore- afirma que mantiene su voluntad de diálogo constructivo para llegar a un acuerdo, pero que no recibió comunicación alguna del Gobierno.

El objetivo es que el Gobierno “rompa el techo de cristal” de tener un 4 adelante, para pasar a tener un cinco, por lo cual sería superior a los USD 49,9 de la última oferta formal, aunque por ahora no se conocen más detalles.

Cabe recordar que el Gobierno arrancó con una oferta por debajo de los 40 dólares, mientras que los acreedores arrancaron en torno de los 70.

Como ya se mencionó, la cifra de consenso podría estar en torno de los 55 dólares, aseguró una fuente del sector privado involucrada en la negociación.

Por su parte, el presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa, que ha tenido diálogo permanente con los fondos de inversión, pero siempre les dijo que el negociador, como lo designó Fernández, es Guzmán, les pasó un mensaje a los acreedores. Massa les habría dicho “no tiren más del hilo que se va a romper”, en clara alusión a los sectores que, dentro del Gobierno, piden cortar el diálogo y olvidarse de cualquier acuerdo.

El otro mensaje del presidente de la cámara Baja habría sido que la idea es que “cada uno se lleve su globo, pero el globo más grande le corresponde al Presidente”, es decir, que los negociadores de los tres comités se queden conformes, sabiendo que el Gobierno, a la vez, debe mostrar un cierre que le cierre tanto en términos financieros como políticos.

En este contexto, será clave la definición técnica que Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, terminen de definir en los próximos días.

No se descarta que, aunque la oferta oficial sea mejor que la previa, los fondos se vuelvan a quejar al considerarla insuficiente, pero eso sería mejor que la situación de indiferencia desde que Economía presentó su oferta de USD 49,9 y los comités Ad Hoc y Exchange afirmaron que el Gobierno no estaba buscando una solución, si no lo contrario.

De inmediato, dejaron en claro que, si fuera necesario, harían uso de todas las herramientas legales a su disposición para reclamar por sus derechos. Esto es, la potencial aceleración de la deuda y la presentación de una demanda en los tribunales de Nueva York.

A la vez, dejaron trascender cerca de BlackRock que pretendían tener la misma protección legal que los tenedores de los bonos del 2005, con un indenture más sólido que el del 2016, una cláusula Pari Passu reforzada -como fue interpretada por el juez Thomas Griesa y otras instancias judiciales en EE.UU.- y la posibilidad de acceder a más bienes embargables si el país no cumple con el acuerdo.

Alguna de estas exigencias, casi imposibles de cumplir para un gobierno, pueden cambiar si el Gobierno ofrece una nueva propuesta con un valor nominal más alto.

Mientras tanto, se prevé que esta semana el Gobierno no pague otros dos vencimientos (del Century y Discount) y se profundice la situación de default que comenzó el 22 de mayo.

Hoy, debería pagar USD 100 millones del bono emitido en 2017 a 100 años y el miércoles USD 570 millones de los Discount del canje del 2005. El Gobierno dijo que no los pagaría.

 

Ante estos hechos, el organismo reiteró que no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS.

 

La ANSES ya presentó 156 denuncias ante distintos juzgados por estafadores que se hacen pasar por empleados del organismo con el fin de captar eventuales beneficiarios del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo universo total es de casi nueve millones

Entre las modalidades más utilizadas por los delincuentes se encuentran: llamadas telefónicas, cuentas de mails y páginas de Facebook apócrifas. Por esta razón, el organismo recuerda y reitera que no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS.

En muchos casos por teléfono intentan obtener la CBU, usuario de homebanking y clave y utilizan mails apócrifos con el asunto IFE/ MI ANSES. En otras ocasiones lo hacen a través de mensajes de texto o WhatsApp con el logo de MI ANSES, advirtió el organismo a través de un comunicado.

Los engaños denunciados por la ANSES, hasta el momento, tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires (Lobos, Lomas de Zamora Luján y Necochea), Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Cabe destacar que el organismo interactúa y colabora intensamente con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) y la Unidad Fiscal Contravencional (UFICO). Aquellas personas que deseen realizar denuncias pueden ingresar al siguiente link: www.anses.gob.ar/institucional/denuncias-y-reclamos.

 

El ministro de Desarrollo Social precisó que se basa en “potenciar el trabajo en barrios vulnerables, garantizar un ingreso universal y urbanizar 4.000 barrios de emergencia”.

 

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que existe un “plan de recuperación económica para la pospandemia”, y precisó que se basa en “potenciar el trabajo en barrios vulnerables, garantizar un ingreso universal y urbanizar 4.000 barrios de emergencia”.

En una entrevista con radio Continental, el funcionario explicó que “el primer punto tiene que ver con el plan Potenciar Trabajo", que incluye "créditos no bancarios y máquinas y herramientas que brinda el Estado para hacer mover la rueda de la economía”.

En este sentido, Arroyo asumió que “la recuperación vendrá de la mano de cinco sectores, como la construcción, los alimentos, el rubro textil, la economía del cuidado de personas y el reciclado”.

La recuperación vendrá de la mano de cinco sectores, como la construcción, los alimentos, el rubro textil, la economía del cuidado de personas y el reciclado”

El ministro indicó que el segundo punto de la recuperación económica tras la pandemia está vinculado a “garantizar un ingreso universal, lo que implicará reconvertir los planes actuales en un ingreso de base de carácter universal”.

Asimismo, dijo que el tercer elemento de la recuperación de la economía está vinculado con “la necesidad de urbanizar 4.000 barrios vulnerables de todo el país, donde viven cuatro millones de personas, en un plan a diez años”.

Al hacer un repaso de los planes de asistencia vigentes, Arroyo remarcó que, “hoy, por un lado está el Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE, que son los 10.000 pesos mensuales que llegan a 9 millones de personas”.

Sobre la tercera fase del IFE, subrayó en otra entrevista con El Destape Radio que “va a quedar concentrado en los lugares donde hay fase 1", en tanto que, dijo, "en el resto de las provincias tenemos que generar mecanismos compensatorios”.

Hay 600.000 familias bajo planes sociales que cobran la mitad del salario mínimo y hay cuatro millones de chicos cuyos padres cobran la Asignación Universal por Hijo”

“También -agregó- hay 600.000 familias bajo planes sociales que cobran la mitad del salario mínimo y hay cuatro millones de chicos cuyos padres cobran la Asignación Universal por Hijo”.

Asumió en diálogo con la misma radio que “va a haber más gente en los comedores en los próximos días”, al endurecerse el aislamiento obligatorio.

El funcionario explicó que “el Estado también está llegando a 11 millones de personas con la provisión de alimentos”.

“Esto se da con cinco modalidades: compras de alimentos que hace el Estado, transferencias a provincias, la tarjeta alimentaria, con el envío de fondos a comedores y con los comedores escolares”, aseguró.

Finalmente, Arroyo consideró que “en todo el mundo se está discutiendo cómo generar un ingreso universal de base", un instrumento que "debería ser una política de Estado" y señaló que para eso es necesario "convocar a un gran consenso a todos los sectores sociales y políticos”..

 

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