Fue durante una recorrida al rompehielos ARA Almirante Irízar, para dar inicio a la segunda etapa de la campaña antártica de verano.

 

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto que dio inicio a la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2019/2020 a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, que se encuentra amarrado en el Apostadero Naval Buenos Aires, ubicado en Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires, y ratificó la soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Tenemos en nuestras Fuerzas Armadas muchos héroes que dieron sus vidas por Malvinas. Les guardamos respeto y una enorme gratitud por sacrificar su vida por nuestra tierra”, afirmó el Jefe de Estado al recordar que el 3 de enero de 1833 las Islas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas.

Este fue el primer mensaje de Alberto Fernández a las Fuerzas Armadas desde que es presidente. “Estoy feliz de lo que hacen, son los que cuidan nuestra Patria. Es el mejor trabajo que un argentino puede tener, cuidar a la Argentina, sigan haciéndolo”, les dijo.

El Presidente también visitó el punte de mando acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, el Canciller Felipe Solá, Daniel Filmus, flamante Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, los jefes de las fuerzas y demás autoridades.

Luego de recorrer el lugar, Fernández firmó el libro de visitas y el comandante del buque, Capitán de Navío Maximiliano Mangiaterra, le hizo entrega de un souvenir: una gorra. “Ahora arranco”, bromeó el mandatario.

En declaraciones a la prensa, el ministro Rossi destacó que “la presencia del Presidente jerarquiza todo lo que estamos haciendo en el marco de la campaña Antártica" y recordó que el Irízar se reparó en un 95% durante la presidencia de Cristina Kirchner.

En esta segunda etapa el rompehielos, luego de embarcar personal militar y científico, efectuará el relevo de las dotaciones de las bases permanentes Orcadas y Belgrano 2. Además, continuará con el abastecimiento y el apoyo logístico de las bases Esperanza, Carlini, y la transitoria, Petrel.

Una vez finalizado el recorrido el buque regresará a Ushuaia. En una tercera etapa, el rompehielos, entre otras actividades, realizará el relevo del personal de la base permanente San Martín.

La primera etapa de la CAV finalizó el 22 de diciembre último cuando el rompehielos al mando del capitán de Navío Maximiliano Mangiaterra, arribó al Puerto de la ciudad de Buenos Aires. El buque regresó al continente luego de haber navegado 5.400 millas náuticas durante 31 días en la Antártida.

La CAV se encuentra bajo control operacional del COCOANTAR, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerza Armadas, y su objetivo es realizar todas las acciones de abastecimiento de las 13 bases argentinas, entre permanentes y transitorias, y el apoyo logístico a las actividades científicas que desarrolla el país en la Antártida.

 

La funcionaria aseguró que habrá una auditoría externa del peritaje que determinó que el fiscal fue asesinado.

 

Después de haber anticipado que se revisaría el peritaje de Gendarmería que estableció que el ex fiscal Alberto Nisman fue asesinado y del pedido de su madre, Sara Garfunkel, para que esa revisión no se realice, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, confirmó que se analizará ese estudio en el marco de una revisión general. Esta semana el propio presidente Alberto Fernández había criticado el peritaje.

Lo hizo al responder una pregunta periodística en el marco del anuncio de los nuevos jefes de la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “La revisión que nosotros podemos hacer es una revisión técnico administrativa. El resultado de esa pericia es un resultado que evalúa la Justicia y corre por otro carril”, contestó luego de la polémica generada sobre si el Poder Ejecutivo pretendía interferir en la investigación sobre la muerte de Nisman.

“Lo que vamos a hacer es fortalecer y evitar en ese fortalecimiento la sospecha sobre la calidad de esa pericia. Hay quienes creen que es la pericia adecuada y otros creen que no. Nos parece muy importante que las cuatro fuerzas federales y sus cuerpos médicos forenses y sus áreas de pericias se vean fortalecidas”, indicó y luego especificó que solicitará a la Policía, Gendarmería, PSA y Prefectura que envíen sus reglamentaciones administrativas y técnicas respecto a los peritajes.

Además subrayó que el Ministerio de Seguridad solicitará una auditoría externa. “Quisiéramos contar con el cuerpo médico forense de la Corte Suprema, que es el organismo más calificado, con mayor tradición y que además tiene un reglamento que resultó de una auditoría que hicieron hace unos diez años”, dijo, aunque con la salvedad de que la respuesta depende justamente del Poder Judicial.

Al explayarse sobre la cuestión, insistió varias veces en que se trata de una revisión técnico, científica y administrativa de los procedimientos que se siguen para realizar pericias. “En ese camino vamos a trabajar sobre la casuística, sobre los casos en los que hayan intervenido y vamos a incluir también este porque es un caso controvertido que debería salir de la controversia”, finalizó sobre el caso Nisman, aunque nunca nombró al investigador fallecido del caso AMIA.

“Es importante tener en cuenta que la Justicia tiene criterios que hacen que se demande a las fuerzas, a una u otra fuerza, tal o cual pericia. Por lo tanto los criterios de la Justicia inciden sobre el desempeño de estos cuerpos que son parte del Poder Ejecutivo. Necesitamos conocer esos criterios para que nuestros cuerpos trabajen lo mejor posible”, agregó.

Ayer, el presidente Alberto Fernández también cuestionó el peritaje realizado por la Gendarmería durante el gobierno de Mauricio Macri, que determinó que Nisman fue asesinado al menos por dos personas. Es una de las principales pruebas con la que cuenta el expediente que tiene como único imputado al especialista en informática Diego Lagomarsino.

En un documental de Netflix publicado este 1° de enero, el jefe de Estado aseguró que no creía que Nisman se hubiera suicidado. Ayer, al explicar su posición, aclaró que el reportaje se había grabado en 2017 y desde aquel momento no aparecieron pruebas contundentes sobre un crimen.

La ministra Frederic también respondió sobre las tomas mapuches en Río Negro y sobre los operativos de seguridad en estaciones de trenes. En el primer caso reveló que ya se trabaja en coordinación con el ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro y con la gobernadora Arabela Carreras a quienes propuso sumar el aporte de la Universidad Nacional de Río Negro y de Parques Nacionales, organismo también afectado por la ocupación mapuche. “Queremos evitar los conflictos, hay que anticiparse”, consideró sobre el tema.

Respecto a los operativos suspendidos en estaciones de trenes donde su antecesora Patricia Bullrich había dispuesto que las fuerzas pudieran solicitar la presentación del DNI a cualquier persona indiscriminadamente, aseguró que “sigue la vigilancia pero hay que justificar que se pida el documento, el control sigue”, subrayó.

 

El primer pago se efectuaría a cuenta de paritarias y se anunciará esta tarde.

 

Trascendidos de fuentes oficiales en las últimas horas apuntan a la modalidad en la que se va a hacer efectivo el pago de un bono para trabajadores del sector privado, a través del cual se recompondrán parte de los ingresos perdidos por la escalada inflacionaria del último año, por encima del 50 por ciento.

En principio, el Gobierno dispuso el pago de la compensación en dos tramos para empleados del sector privado que -según supo Infobae- tendrá un piso de $4000. El primer tramo se acreditará a cuenta de las próximas paritarias.

El presidente Alberto Fernández cuenta con la atribución conferida por el artículo 54 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada antes de Navidad. Esta tarde se hará el anuncio formal, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Los representantes sindicales esperaban un incremento entre los 6.000 y 9000 pesos, aunque desde el ámbito empresario proponían un aumento menor, dado el estrecho margen financiero que se atribuyen en la mayoría de los rubros del sector privado, en una economía que atraviesa dos años de recesión.

La Emergencia Económica habilita al Gobierno a ordenar que el sector privado otorgue aumentos mínimos, por supuesto, en el marco de diálogo con las cámaras empresarias, con las que se discute el monto del mismo.

La reciente ley autoriza a disponer “incrementos salariales mínimos”, es decir sumas que quedan incorporadas a los salarios y no son bonos por única vez. Por lo tanto, se pagarán a cuenta de las negociaciones paritarias, que se concentran a partir de marzo.

 

Se trata de una de las investigaciones que se desprendió de los cuadernos de la corrupción. “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias”, escribió Bonadio, citando a Oscar Centeno.

 

Otro juicio oral para Cristina Kirchner, esta vez por la cartelización de la obra pública

El juez Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la investigación por la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Se trata de una de las causas desprendidas del caso que se inició por las anotaciones del chofer Oscar Centeno cuando describió un sistema de distribución de coimas pagadas por empresarios de obra pública y recibida por funcionarios del gobierno de ese momento. En un escrito al que accedió Infobae, el juez recordó unas palabras escritas en los cuadernos en donde el remisero decía: “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…”

Bonadio determinó que fueran a juicio 52 personas, entre las que se encuentran la ex presidente y actual vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner. Están acusados -y por eso irán a juicio oral y público- del delito de cohecho pasivo cometido en 174 ocasiones. A Fernández de Kirchner, De Vido y López se los considera coautores; Clarens fue acusado en calidad de partícipe necesario.

Los empresarios que irán a juicio son los que están acusados de pagar las coimas. Entre ellos se encuentran el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner.

José López y Julio De Vido

Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, confesó como arrepentido haber armado con De Vido el sistema de cartelización de la obra pública. Esa estructura consistía en que las empresas decidían cuál de ellas ganaba las licitaciones y luego pagaban coimas a los ex funcionarios. La existencia del mecanismo fue avalada por José López en su declaración como arrepentido. Fue el financista Clarens quien aportó planillas con los pagos y cobros de las coimas y señaló a las empresas y a las personas involucradas. Explicó además que los desembolsos se realizaban en pesos que luego se cambiaban a dólares o euros y finalmente eran entregados en bolsos a Muñoz.

También fueron enviados a juicio los ex funcionarios de Vialidad Nacional -que era el organismo que realizaba los pagos a partir de los cuales se devolvían las coimas- Nelson Periotti, Sergio Passacantando y Sandro Férgola y también el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello. Ellos deberán ir a juicio en tanto miembros de una asociación ilícita.

Con la elevación de este caso, se cierran todos los capítulos que se abrieron luego de la aparición de los cuadernos de Centeno, ex chofer de Roberto Baratta y mano derecha de De Vido en el ministerio de Planificación durante los doce años del gobierno kirchnerista. El expediente fue girado esta mañana al Tribunal Oral Federal 7 que tiene las otras causas conexas surgidas a partir de las anotaciones en los cuadernos.

Roberto Baratta al ser detenido

“A pesar del material probatorio reunido en el marco de todos estos legajos, algunas defensas continúan sosteniendo que esta investigación se trata de una ‘persecución judicial’ -escribió Bonadio en la resolución firmada el último día hábil del 2019-. Pero veamos. Anteriormente se detallaron las setenta y ocho (78) personas imputadas, que confesaron haber formado parte y/o afirmaron la existencia misma de este esquema de corrupción estatal –tanto en relación a la concreción de los pagos ilegales como en la recepción y distribución de los mismos, en el seno de la administración pública nacional, y hasta la cúspide máxima–, al igual que aquéllos sujetos que admitieron haber integrado la estructura conformada para lavar parte del dinero ilícito recaudado por la organización”.

“Sobre ese grupo de imputados, ha recaído auto de procesamiento, confirmado por el Superior, respecto de sesenta y tres (63) de ellos, cuando la totalidad de los procesados en estos expedientes, asciende a ciento quince (115) personas. Es decir que, más del cincuenta por ciento (50 %) de los procesados, ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos. En adición, corresponde resaltar los cruces de llamados telefónicos constatados entre cohechantes y cohechados, que deben interpretarse como verificatorios de las reuniones mantenidas entre aquéllos”, se añadió.

 

Claudio Bonadio

Bonadio reforzó la hipótesis de la investigación diciendo: “se ha verificado la existencia de esta organización delictiva enquistada en la administración pública nacional, sus integrantes y sus planes delictivos, al igual que la intervención de los empresarios en este mecanismo de corrupción. Ello fue posible, a partir de la actividad desarrollada por este Tribunal”.

“Como se dijera, no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘…La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’”, recordó Bonadio.

 

Luego de varios días de masivas manifestaciones y quejas ante Rodolfo Suárez, tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron para que se restablezca la nueva norma.

 

Finalmente y como se esperaba, la Legislatura de Mendoza derogó la nueva ley de minería, que se había aprobado el 20 de diciembre pero que desde que fue reglamentada por el gobernador Rodolfo Suárez fue blanco de duras críticas y masivas protestas frente a la gobernación.

Tanto el Senado -34 votos a favor y 2 en contra- como la Cámara de Diputados votaron para que se restablezca la nueva norma (7.722) y de este modo queda sin efecto la habilitación para utilizar sustancias químicas -cianuro, entre otras- para la explotación minera.

La marcha atrás comenzó luego de que Suárez, debido a las protestas, anunciara que quedaba sin efecto la aplicación de la ley: "El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Ha habido hechos de violencia, hay cortes de ruta, hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, queremos evitar que eso pase a mayores”, afirmó el jueves en conferencia de prensa.

“En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decido enviar a la legislatura un proyecto para la derogación de la ley minera 9209”, expresó el mandatario.

A pesar de esto, el mismo viernes hubo una masiva manifestación en toda la provincia de Mendoza para insistir en el repudio a la minería a cielo abierto con contaminantes.

El epicentro de la protesta fue la capital y fue definida como “histórica” por la prensa local. Incluyó una actividad denominada “Tambores por el Agua” que, con instrumentos de percusión, se hicieron oír en la manifestación. La masiva columna sumó más de 8 cuadras de manifestantes que marcharon hasta la plaza Independencia, frente a la Legislatura provincial.

La nueva iniciativa modificaba los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 por los que se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico -lo que permite separar los metales extraídos de la roca- y habilita la minería metalífera a cielo abierto. Sí se mantenía la prohibición del uso del mercurio.

Además, creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que debía informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.

Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.

Un caso aparte es el del departamento Malargüe, que impulsa el desarrollo de la minería metalífera y pidió a la legislatura que los exceptúe de la vigencia de 7.722.

 

El presidente Alberto Fernández estárá en el acto junto al ministro de Educación.

 

Fue creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1984 y completamente desmantelado por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016. El fin del plan es promover la lectura y llegar a 10 millones de niños, niñas y adolescentes.

Este lunes a la mañana en el museo Casa Rosada, Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, junto al presidente Alberto Fernández, acompañados por escritores, editores y trabajadores de los sindicatos vinculados al sector gráfico, volverán a lanzar el Plan Nacional de Lectura que fue creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1984 y completamente desmantelado por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016. El plan se propondrá llegar a 10 millones de niños, niñas y adolescentes, y también a sus familias. Las escritoras Laura Devetach y Claudia Piñeiro van a leer fragmentos de cuentos.

Además de promover la lectura, el programa que fue continuado por la gestión de los Ministros de Educación Daniel Filmus, Alberto Sileoni y Juan Carlos Tedesco, había logrado llegar a 2.254.721 personas; distribuyó gratuitamente 40.000.000 de ejemplares de cuentos y poemas y más de 15.000.000 de libros en escuelas y espacios no convencionales de todo el país. En octubre último, el macrismo había desechado un centenar de libros que provenían de dicho plan en contenedores de basura ubicados detrás del Palacio Pizzurno. Hoy, la dirección del Plan Nacional de Lectura estará a cargo -tal como lo había anunciado Trotta en el Congreso Pedagógico de Chaco- de Natalia Porta López, una escritora que cuenta con una larga trayectoria de trabajo en la Fundación Mempo Giardinelli.

En diálogo con Página/12, el Ministro de Educación de la Nación, expresó que “este lunes presentaremos el Plan Nacional de Lectura y alfabetizaciones que se vincula a lo que nosotros consideramos que es una política central en términos educativos para los tiempos que vienen”, a su vez, Trotta indicó que el plan permitirá que “todas las familias argentinas se puedan apropiar del derecho a la lectura como una herramienta que tendrá impacto, no solo en los procesos de aprendizaje en la escuela, sino también como una herramienta transformadora que logrará que los padres y los hijos puedan encontrar un lugar de lectura en común”.

Trotta explicó que “luego de la urgencia que existe por terminar con el hambre en Argentina, la segunda prioridad del gobierno es el despliegue de las políticas educativas como principal herramienta de ruptura de la desigualdad social que existe en nuestro país”. En esa línea, el titular de la cartera destacó que “creemos que la institución social más importante para terminar con la desigualdad es la escuela pública”.

A su vez, Trotta también subrayó la importancia de tener en cuenta en el sector educativo, la implementación de las nuevas tecnologías. “En este nuevo momento del desarrollo tecnológico, la alfabetización no tiene que ver sólo con la lectura tradicional, que por supuesto es muy importante, sino también creemos que hay que fomentar la lectura en las multiplataformas”, dijo el Ministro. “Hay que generar distintas instancias de lectura en las distintas plataformas y lograr incentivarlas a partir de diferentes campañas que, tal cómo presentaremos mañana, serán parte de una política coordinada con todas las provincias del país”, agregó el funcionario.

Otro aspecto a destacar del lanzamiento del plan es que existirá un Consejo Asesor de Lectura compuesto por especialistas que aportarán sus conocimientos para definir las colecciones a distribuir bajo el sello del plan. Este consejo estará compuesto por rectores, por las distintas asociaciones de escritores, editoriales, universidades, referentes de la literatura y representantes de la comunidad educativa de las 24 jurisdicciones provinciales, para de ese modo “conformar una mesa plural que será la encargada de construir los acuerdos representativos en torno a las colecciones, los textos y las obras que formen el acervo del Plan”, explicaron desde el Ministerio a través de un documento.  Además, según detalló Trotta, “el plan plantea que todos los libros que se adquieran deberán ser diseñados, editados e impresos por trabajo argentino”.

El Ministro también adelantó que en las próximas semanas presentarán un programa similar a lo que fue el Programa Conectar Igualdad -encargado de distribuir netbooks a todos los estudiantes de la escuela pública-, pero que en esta ocasión tendrá otro nombre y que “tendrá el desafío de fomentar el acceso tecnológico de nuestros niños, niñas y adolescentes”. Según las palabras del Ministro, dicho programa “incluirá un plan de conectividad de todos los establecimientos educativos de todas las provincias argentinas” ya que según él “creemos que el derecho a la lectura es un derecho básico que tiene que ser promovido y garantizado por el Estado y que tanto la distribución de libros, cómo era la distribución de computadoras, deben dialogar entre sí ya que no son tecnologías contradictorias”.

 

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