El incremento será acumulativo y llegará al 43,35% de aumento hasta el anteúltimo mes del año.

 

El Gobierno nacional autorizó un doble aumento de los planes de medicina prepaga: será del 4% en el mes de octubre y otro 4% en el mes de noviembre, pero a diferencia de otras oportunidades, en esta ocasión serán acumulativos, por lo que la suba en el bimestre será del 8,16%. También, ya estaba previsto una suba del 6% para septiembre.

Así, el aumento de la salud privada habrá acumulado, hasta el anteúltimo mes del año, una suba del 43,35% en lo que va del 2019.

Este ya es el séptimo aumento de 2019. El Gobierno ya dispuso incrementos del 5% en febrero, 7,5% en marzo, 5,5% en julio, 6% en agosto, 6% en septiembre (los últimos tres, no acumulativos), y ahora suma el 4% en octubre y otro 4% en noviembre.

Hasta junio, los salarios aumentaron un 21,2% y la inflación llegó a 25,1% hasta julio, de acuerdo al INDEC.

En declaraciones a El Destape Radio, el director general de Swiss Medical, Miguel Blanco, sostuvo que estos incrementos "ya estaban acordados" previo a la devaluación de agosto y que la suba del dóla puede provocar más subas.

En declaraciones formuladas al programa “Habrá Consecuencias” el empresario advirtió que "no tenemos información sobre congelamiento de precios de medicamentos". Asimismo agregó que hay una falta de liquidez en varias empresas por el reperfilamiento de bonos: "hay empresas que iban guardando dinero para hacer pagos después del 31 y ahora se encuentran con que les van a pagar en otro momento. Eso genera un problema financiero".

 

A inicios de noviembre del 2001, el indicador se ubicaba en los 2.441 puntos, tal como sucede ahora.

 

La crisis económica generada por Cambiemos llevó a que el riesgo país se dispare por arriba de los 2.400 puntos básicos.  De esta manera, el indicador llegó a niveles similares a los registrados semanas antes del estallido social de la crisis del 2001.

Luego de que la calificadora de riesgo Standard & Poor's haya declarado a Argentina en default selectivo, el indicador que mide el JP Morgan subía hasta las 2.437 unidades básicas. Si se compara con el día de ayer, el indice que mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos aumenta 215 puntos.

El dato más preocupante que se desprende de este incremento es que el número hace recordar a las semanas previas a diciembre de 2001. A inicios de noviembre de aquel año, el indicador se ubicaba en los 2.441 puntos para luego escalar hasta las 2.700 unidades en tan solo unas semanas.

En Europa, fondos de inversión se desprenden de los bonos argentinos por la percepción de inestabilidad de la economía argentina. Los bonos nacionales denominados en euros con vencimiento en 2033 llegaron a desplomarse casi cinco centavos, mientras que los títulos a 2027 descendían casi dos centavos.

La postergación de plazos en el pago de vencimientos de deuda y la incertidumbre por la aprobación de la llegada del desembolso por parte del FMI profundizaron aún más la desconfianza internacional en el gobierno de Mauricio Macri.

 

e acuerdo a un informe presentado ante la jueza María Servini, hubo cuatro fallas vinculadas a la empresa Smartmatic. El sistema de transmisión de telegramas, que era criticado por la oposición, funcionó correctamente.

Simulacro de envío de telegramas para el escrutinio provisorioLos veedores judiciales informaron hoy que el recuento provisional de los votos de las elecciones primarias del domingo 11 de agosto "funcionó de forma totalmente defectuosa". Así lo señalaron un informe que presentaron ante la jueza nacional electoral, María Servini.

Los funcionarios concluyeron que la transmisión de los telegramas al centro de cómputos, que era criticada por la oposición, "funcionó adecuadamente y en forma segura" pero que "el recuento provisional de resultados funcionó de forma totalmente defectuosa" y describió cuatro fallas.

"Para el próximo acto eleccionario sería necesario que la empresa Smartmatic mejore substancialmente la aplicación de consulta y la Dirección Nacional Electoral (DINE) haga pruebas intensivas sobre la misma", recomendaron los veedores.

Los veedores habían sido designados por la jueza Servini a pedido del Frente de Todos, el partido que llevó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, que había objetado a la empresa Smarmatic y que pidió suspender el escrutinio provisorio. Tras ese escrutinio, en el que el Frente de Todos ganó por 15 puntos, la magistrada le pidió a los veedores un informe.

La jueza electoral María Servini

En el escrito, los veedores aclararon que "teniendo en cuenta que no se contaba con los archivos fuente del programa en ejecución, la tarea fue de supervisión funcional del operativo". Explicaron que los fiscales de los partidos se quejaron de que no podían ver en sus computadoras la carga de los telegramas que recibían. "Si bien esto es cierto, la trazabilidad se podía verificar entre las actas tomadas por los fiscales y las copias de los telegramas recibidos que se visualizaban en la aplicación de "Consulta de Fiscales" (Election Management Platform – EPM), sistema de fiscalización provisto a los fiscales de los partidos", sostuvieron.

Los veedores destacaron que "la información fluía adecuadamente" desde los centros de votación.

El tramo más importante de la presentación son las conclusiones técnicas y el análisis de los dos sistemas: el de escaneo y transmisión de telegramas (SDT) que, si bien fue desarrollado por Smartmatic, pertenece al Correo y utiliza servidores del correo, y el sistema de recuento provisional de resultados (RPR) operado por Smartmatic y en servidores de dicha empresa.

El primero "funcionó adecuadamente y en forma segura". "Tan es así que a las 21.15 se había superado la cantidad de telegramas exigidos por el juzgado", destacaron. La referencia es a que la jueza Servini el mismo domingo había ordenado que la información del recuento se haga pública una vez que estuviese escrutado el 10 por ciento de los distritos principales del país. Y contextualizaron que ese sistema era "la novedad en este escrutinio y que había generado dudas".

Pero sobre el segundo alertaron que "funcionó de forma totalmente defectuosa". Y marcaron cuatro puntos: "no se pudo poner a funcionar en la sala de veedores", "funcionó sólo un rato en las terminales de los fiscales", "tuvieron que bajar la aplicación de fiscales", "a pesar de tener información suficiente a las 21.15, no pudo dar información hasta las 22.30".

En su informe de tres páginas, por último los veedores recomiendan que para las elecciones primarias del 27 de octubre "la empresa Smartmatic mejore substancialmente la aplicación de consulta".

 

 

 

Fueron 16 presentaciones individuales de peronistas y afines, pero los Fiscales de Estado las concretaron a la vez. Tres distritos del PJ, con pie en el freno, lo mismo que las de Cambiemos.

 

Los fiscales de Estado de 16 provincias, tras concretar la presentación por $30.000 millones contra el Estado nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En una dura embestida conjunta, 16 gobernadores -vía sus Fiscales de Estado- presentaron este lunes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación acciones individuales de inconstitucionalidad y medidas cautelares contra los dos decretos post PASO de Mauricio Macri con medidas pro consumo que les generan recortes millonarios en la coparticipación hasta fin de año.

Las provincias argumentaron que el Presidente vulneró principios del federalismo al tomar decisiones que debería haber adoptado el Congreso, porque afectan remesas coparticipables. Y exigieron al máximo tribunal, con las cautelares, el cese de las detracciones y la devolución de los fondos afectados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En despachos provinciales confían en que la Corte se declarará competente, ya que ya lo hizo este año en el marco de una causa en pos de la restitución del derogado Fondo Federal Solidario (FoFeSo), por el que ya litigan Santa Cruz, Formosa, Chubut, Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Amalgamados por el enojo que disparó la decisión “unilateral” del Presidente, el bloque que desembarcó ayer en la Corte incluye un mix que pegotea a mandatarios peronistas con otros de fuerzas provinciales.

En el primer lote marcharon Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Rosana Bertone), Catamarca (Lucía Corpacci), La Pampa (Carlos Verna), La Rioja (Sergio Casas), Salta (Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna), San Luis (Alberto Rodríguez Saá), Santa Cruz (Alicia Kirchner), Tucumán (Juan Manzur) y San Juan (Sergio Uñac).

En el segundo, en tanto, se anotaron Río Negro (Alberto Weretilneck), Chubut (Mariano Arcioni, en medio de una dura crisis provincial), Neuquén (Omar Gutiérrez), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Santa Fe (Miguel Lifschitz) y Misiones (Hugo Passalacqua).

En cambio, otro mix de distritos maneja tiempos diferentes:

Tres de ADN peronista -la poderosa Córdoba (Juan Schiaretti), Chaco (Domingo Peppo) y Entre Ríos (Gustavo Bordet)- no se presentaron hoy (aunque el tercero lo haría en las próximas horas), en un contexto marcado porque esta semana arrancarán negociaciones bilaterales con la Casa Rosada con las 19 provincias que sellaron un documento contra Macri.

Tampoco se presentaron las restantes, de Cambiemos, alineadas -por el momento- con Balcarce 50: las macristas Buenos Aires (María Eugenia Vidal) y CABA (Horacio Rodríguez Larreta), y las radicales Corrientes (Gustavo Valdés), Jujuy (Gerardo Morales) y Mendoza (Alfredo Cornejo).

“Son presentaciones individuales contra los Decretos 561 y 567 de Mauricio Macri, pero el hecho de presentarlas en conjunto en un hecho político”, remarcó un Fiscal de Estado a Ámbito.

Las medidas anunciadas por Macri tras el cachetazo electoral de las PASO y la posterior trepada del dólar incluyen la suba de piso de Ganancias, cambios en monotributo y autónomos y quitas del iva a alimentos de la canasta básica, que impactan en la coparticipación. Por esa razón, las provincias exigen una compensación a Nación de al menos $ 30 mil millones.

Amparos contra Macri en defensa del federalismo y la Constitución

Las 16 presentaciones tuvieron una previa, de la mano de una reunión a las 9 de los Fiscales de Estado de las 16 provincias en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que el miércoles había albergado a 19 gobernadores y había derivado en un duro documento que abrió la puerta a la embestida judicial.

“Presentamos una medida cautelar porque necesitamos que la Corte Suprema resuelva con urgencia; no es que queremos que se elimine el IVA para los precios, sino que Nación ponga el dinero y no sean las provincias quienes sostengan el anuncio”, enfatizó la Fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala.

En sintonía, el Asesor General de Gobierno de Catamarca, Pablo Gallardo, enfatizó ante Ámbito que se trata de “una defensa del federalismo y de la Constitución Nacional, porque una vez más el Estado nacional de manera intempestiva y unilateral ha afectado los presupuestos provinciales y no ha respetado los mecanismo constitucionales”.

“El Presidente dijo hace pocos días en Santa Fe que hay que respetar la Constitución, pero paradójicamente en un año las provincias se vieron afectadas dos veces por decretos: el de la derogación del Fondo Federal Solidario y, ahora, los que detraen la coparticipación con las medidas en Ganancias e IVA”, remarcó Gallardo.

 

La Secretaría de Energía contará con un relevamiento con la situación en 4.800 estaciones. Por ahora, descartan desabastecimiento, pero temen por el stock. Ya analizan medidas para compensar $40.000 millones en perjuicios a compañías. La batalla contra el DNU de Macri llegó al Congreso.

 

Directivos de las principales petroleras se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Energía para analizar los niveles de abastecimiento de combustibles en todo el país y los mecanismos posibles para compensar el congelamiento de precios en el sector por 90 días.

Según revelaron fuentes del sector, el secretario Gustavo Lopetegui recibirá en las próximas horas un detallado informe con la situación de cada estación de servicio del país. El monitoreo a cargo de Cecha recopiló datos de cada una de las 4.800 bocas de expendio, a una semana del congelamiento. En concreto, se preguntó a cada estacionero en qué estado se encuentran, por provincia y por petrolera: abastecimiento, quiebre de stock o desabastecimiento.

Fuentes de la Confederación minimizaron una reciente advertencia de una entidad empresaria bonaerense, que alertó por faltantes de nafta súper y gasoil común de YPF y Axion en Olavarría y Tandil. “En la provincia de Buenos Aires no se registraron denuncias formales. Puede haber algún problema con las estaciones blancas o demoras en la entrega, pero no hay una situación generalizada, como sí hubo en otros momentos”, aclararon los voceros consultados por Ámbito.

En qué precios quedan las naftas y los gasoils en la Ciudad y el Interior

Desde la petrolera estatal, el mayor jugador del rubro con más de 55% del mercado, aseguraron a este medio que el abastecimiento de combustibles es normal y aclararon que si hay faltantes en una estación no significa que haya un desabastecimiento a nivel general.

Cuentas. YPF informó que en el tercer trimestre de este año sus ingresos por ventas de naftas subieron 69,7%, ayudados por aumento del 64,9% en el precio promedio y un 2,9% en los despachos.

El presidente de Fecac, Gabriel Bornoroni, explicó el panorama en Córdoba. “Tenemos 50 estaciones con quiebre de stock, que no llegaron a desabastecimiento pleno. Nos dan el producto hasta un cupo y si ese cupo se cumple, nos quedamos sin producto. En un mes se pude complicar esa situación”, manifestó ante la pregunta de Ámbito.

El quiebre del stock ocurre cuando los clientes no encuentran el producto que compran habitualmente en el punto de venta con el tamaño, variedad y forma deseada.

En San Juan el abastecimiento es “relativamente” normal, según expresó la titular de la cámara provincial, Analía Salguero. “Hemos tenido cupo en el sector de YPF. No hubo una demanda exagera y la época ayuda, no hay cosecha. Si tenemos que pedir más, creo que no nos venderían. Hubo alguna demora con algún camión, pero estamos abastecidos normalmente”, señaló.

La batalla por el congelamiento de los precios de combustibles llegó al Congreso

En medio de la evaluación del abastecimiento, legisladores de la oposición presentaron proyectos de ley para anular el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/2019, publicado el viernes 16 de agosto en el Boletín Oficial. Esta norma fijó que las entregas de petróleo crudo “deberán ser pagadas” al precio convenido entre las productoras y refinadoras al 9 de agosto anterior, aplicando un tipo de cambio de $45,19 y un barril de Brent u$s59.

La diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Liliana Sapag propuso suspender por los 90 días que dura el congelamiento la percepción del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, establecidos por la ley 23.966. “La decisión del Gobierno ha colocado en un serio riesgo la política energética", dijo la secretaria de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja.

 

El senador neuquino Guillermo Pereyra ostenta más de 30 años de "gestión" al frente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, senador coterráneo de Sapag, presentó otro proyecto para derogar el DNU. “Atenta contra las economías regionales, el sector trabajador, el federalismo y la autonomía provincial”, argumentó al coincidir con los amparos judiciales de los gobernadores de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Es una medida inconsulta”, agregó Pereyra. Lo mismo creen los petroleros.

El Gobierno analiza un descongelamiento parcial y una compensación a provincias y petroleras

Al mismo tiempo, en la Secretaría de Energía analizan cómo flexibilizar el congelamiento de precios. Todo dependerá de la estabilidad del tipo de cambio, hoy alrededor de $57, y el barril Brent en u$s59.

 

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, analiza medidas para descomprimir a los sectores afectados por el congelamiento de precios en los combustibles por 90 días.

Fuentes oficiales explicaron que las decisiones que se tomarán deberán contar con la aprobación del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hoy muy preocupado por el reacomodamiento macroeconómico y la atención de las restricciones fiscales.

Entre los cambios en estudio, se destacan:

Incrementar los combustibles Premium (nafta y gasoil), pero mantener el precio de los Súper y grado 2.

Descongelamiento segmentado, como por ejemplo el gasoil mayorista, principal insumo del agro, minería y la pesca.

Compensación a las provincias por la baja en la recaudación, como emisión uy oferta de compra de un bono de deuda pública.

La última opción de rescate anticipado de bonos fue propuesta por el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, para compensar a petroleras y refinadoras. La iniciativa consta en que las compañías compren Bonar 2020 a bajo precio en el mercado abierto, se los revenden al Estado -que necesita rescatarlos- y el Gobierno les paga un valor más alto a modo de compensación.

Con estas medidas y la “jugada” financiera de YPF se desactivarían los reclamos de provincias y empresas, que como Vista Oil&Gas, presentaron demandas judiciales por el perjuicio que el congelamiento les provoca. Solamente YPF calculó un perjuicio por u$s120 millones. En total, en el sector se habla que la brutal intervención de Mauricio Macri en el mercado, tiene un costo por atraso de precios de entre u$s500 millones y u$s 700 millones. Unos $40.000 millones al tipo de cambio actual.

 

El candidato a presidente se refirió al precio de la divisa, que cerró a $57,3 el último viernes.

 

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió al valor del dólar y dijo que ahora debería estar "lo más bajo posible", luego de haber alcanzado los $57,3. Fernández enfatizó que ya no está en una situación de atraso, como se encontraba artificialmente antes de las PASO para forzar un buen resultado de Macri en las elecciones.

"Tenemos una situación delicada con el dólar", reconoció Fernández en la entrevista con Luis Majul, por América. Y contó un análisis que hizo junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en el cual si se calculara el valor de la divisa según como se hacía durante la convertibilidad, debería estar en $51.

 

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