Las imágenes surgen de los peritajes de los celulares de los imputados.

 

La filmación muestra desde los incidentes dentro del boliche hasta que los imputados empiezar a perseguir a Fernando Báez Sosa y lo atacan. También habría pruebas de que los rugbiers tras el crimen se cambiaron de ropa y algunos de ellos fueron a comer a una hamburguesería.

La UFI 6 de Villa Gesell analiza desde este lunes una importante cantidad de información obtenida de los 10 celulares del grupo de rugbiers que asesinó a Fernando Báez, pero el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, adelantó que "hay información" que, entre los videos recuperados de los celulares, uno mostraría la golpiza filmada por uno de los imputados.

"Si se comprueba que, además de hacer lo que hicieron, grabaron el asesinato, vamos a buscar elevar la condena. Eso demostraría que lo mataron por placer", adelantó Fabián Améndola, abogado de la familia Báez. La versión del video, que aún no figura en el expediente, comenzó a circular entre los medios y no fue desmentida por el fiscal y fue dado por cierta por Fernando Burlando, para el que trabaja Améndola.

"Es el hallazgo más insultante a la vida. El peso de la prueba es muy fuerte", confirmó Burlando la existencia del video, en diálogo con TN. El abogado consideró que el grado de participación de quien haya filmado el video "es primaria y no secundaria".

"Se está hablando de que la filmación muestra la persecusión desde el momento en que son separados, dentro del boliche, hasta que van a la caza de Fernando", indicó y calificó el hecho de "insólito y macabro".

Además del análisis del material obtenido por la División de Operaciones Técnicas de la Policía Federal de los celulares de los imputados , el abogado de la familia valoró que "se ha incorporado mucha prueba, con la que se va a poder definir con mucha más precisión el rol de cada uno en lo que algunos testigos catalogaron como "una masacre".

Améndola se refirió así a los dos videos incorporados, adelantados ayer por el fiscal Escoda , en los que se los ve cambiádose la ropa tras la golpiza y otro en el que se registró a varios de ellos comiendo hamburguesas después del crimen.

"Se está analizando para ver cuáles de detenidos aparecen en las imágenes. Nos interesa, particularmente, establecer el horario, que coincide con el que se muestra en la filmación", precisó el abogado, pero aseguró que "algunos de estos muchachos cambiaron sus prendas antes de volver a la casa".

El análisis de la prueba definirá la confirmación o modificación de los procesamientos y la prisión preventiva de los diez imputados. Las ruedas de reconocimiento son parte del material y se conoció que  Alejo Milanesi fue quien salió beneficiado de las rondas realizadas.

"Para resolver la prisión preventiva resta el cotejo entre manchas de sangre y el ADN de la víctima, las pericias psicométricas y también analizar más a fondo los videos. Hay 10 imputados, algunos fueron reconocidos en las ruedas de reconocimiento y otros que no, pero que sí están filmados", agregó el fiscal general de Dolores, en diálogo con El Destape radio.

El abogado de la familia agregó que, en el caso de Milanesi, "no tuvo positivos en la rueda de reconocimiento, pero tiene un reconocimiento dudoso, que lo ubica en el grupo que corría hacia Fernando". Y destacó la prueba que surgirá del peritaje de ADN de las ropas y zapatillas secuestradas, pero también del "material biológico" de la autopsia.

"Debajo de las uñas de Fernando se encontró material biológico y se va a hacer un peritaje de cotejo de ADN a ver si los arañazos, en las manos de algunos de los imputados, son producto de la pelea", resaltó Améndola.

 

La Vicepresidenta realizó dos presentaciones ante la Justicia y la AFIP en las que denuncia la creación de grupos de tareas por parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

 

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó dos presentaciones ante la Justicia y la AFIP en las que denuncia la creación de grupos de tareas por parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, con los que se articuló una "feroz e inédita campaña de persecución" en contra de su persona y su familia.

La actual presidenta en ejercicio, por encontrarse ausente en su gira europea el presidente Alberto Fernández, presentó sendos escritos ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En su página web, Cristina señaló que a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder, en 2015, de "se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…)".

"Para los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos", advirtió.

"En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona", explicó la ex presidenta.

Cristina enmarcó los hechos que denunció dentro del proceso de "Lawfare", cuyo objetivo es, según sus palabras, "la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos".

En ese sentido, remarcó que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno "se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional que articularon una feroz e inédita campaña de persecución" contra ella.

Uno de los escritos fue presentado ante el Juez Federal de Rio Gallegos, mientras que el otro fue recibido por la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

En el primero, que tiene 73 páginas, la ex presidenta niega "enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución", por lo que pide que se desestime "la ejecución en su totalidad".

En el segundo, con la firma del abogado Carlos Beraldi, solicita la nulidad de "todo lo actuado por la AFIP" y de "los títulos ejecutivos que resultaron de dichos procedimientos".

Además, solicitó que se "abra una investigación administrativa" contra los ex funcionarios del ente recaudador, de cuyos resultados pidió ser notificada "a los fines de efectuar las pertinentes denuncias penales y civiles".

 

Los tropiezos de la deuda de la provincia de Buenos Aires heredada de la gestión de Vidal, meten ruido en la discusión nacional. ¿Hacia una propuesta más dura? Cita clave en el Congreso con números en mano. El año bisagra con el FMI: 2023.

 

Alberto Fernández en el centro de la rengociación de la dueda, sigue minuto a minuto el trabajo de Martín Guzmán y su diálogo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La renegociación de la deuda pública, de cuyo desenlace dependen el perfil económico que el país podrá darse y las condiciones, más holgadas o más estrechas, que acompañarán todo el mandato de Alberto Fernández, toma velocidad hacia su esperada conclusión el 31 de marzo. En el camino, las posturas se tensan, surgen nuevas estrategias y chicanas a un lado y otro de la mesa, el ministro de Economía Martín Guzmán presentará por primera vez lineamientos clave del plan económico que dice guardar bajo siete llaves y el Gobierno avanza hacia su objetivo de máxima: liberarse hasta su finalización en 2023 de la obligación de atender vencimientos con el principal acreedor de la Argentina: el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una dura advertencia a los tenedores de deuda bonaerense

La situación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, en riesgo inminente de default, se ha colado en la negociación nacional. Que el gobernador, Axel Kicillof, haya decidido el último viernes extender hasta este lunes, justo al filo del deadline final del miércoles 5, el plazo en el que los acreedores pueden decir sí o no a su propuesta de extender el vencimiento de capital de 250 millones de dólares del bono Buenos Aires 2021 (BP21) al 1 de mayo (venció el pasado 26 de enero) indica, obviamente, que no logró el 75% de aceptación necesario pero, además, una postura más dura que la esperada de aquellos y la esperanza oficial de convencerlos en el estribo. Ante esto, en el Ministerio de Economía de la Nación toman nota y consideran esta coyuntura una prueba de fuego sobre la buena fe de los acreedores. Un rechazo de estos sería considerado una señal negativa que, por su impacto potencial sobre la sustentabilidad de la economía, advierten, podría llevar a que la propuesta nacional termine siendo más dura que la prevista. La negociación se desarrolla en varias mesas y las partes se muestran los dientes.

En la Casa Rosada dicen no entender la estrategia de los acreedores de la provincia de Buenos Aires, a quienes se acusa de no valorar suficientemente la decisión oficial de no haber formalizado ya en diciembre lo que era un default de hecho heredado de las gestiones de Macri y María Eugenia Vidal.

Guzmán ha dicho públicamente que un eventual default bonaerense le pondría “ruido” a la negociación nacional. A pesar de eso, la Nación mantiene la decisión de no socorrer al distrito para no salirse del orden que ha planteado para el proceso: que termine primero la renegociación soberana el último día de marzo para que después las provincias que necesiten hacer lo propio inicien las suyas. Eso, obviamente, incluye a la de Buenos Aires, lo que da un argumento a los bonistas a quienes se les pide el reperfilamiento: cobrar ahora solo intereses y no percibir el tramo de capital, no asegura que ese dinero aparezca el 1 de mayo, protestan, sino que entonces podrían encontrarse ante una reestructuración que los obligue a optar entre la opción de hierro de las quitas o el litigio.

Pese a ciertos rumores de las últimas horas sobre la posibilidad de un rescate in extremis por parte de la Nación que evite un evento de crédito en el principal distrito del país, en el Gobierno nacional siguen descartando esa posibilidad. Es más, aseguran que la coordinación es total con la provincia y que la estrategia se enmarca en el concepto de atender solamente los vencimientos de intereses hasta el plazo final establecido en el cronograma oficial para la conclusión de las tratativas, esto es el 31 de marzo. El del BP21 es el único vencimiento de capital, la única piedra en el zapato, que interfiere en los plazos que se han previsto, lamentan.

¿Cuáles son las chances de éxito o fracaso?

En lo que pretendió que fuera leído como una señal de buena fe en la negociación de la deuda soberana, el Tesoro ha tomado del Banco Central algo más de 4.500 millones de dólares a cambio de letras intransferibles justamente para asegurarse los recursos con los que hacer frente a los pagos de intereses de la transición. Además, a diferencia de lo que ocurrió en 2002, esta vez se optó por negociar sin romper los contratos, algo que habría resultado fácil hacer el 10 de diciembre último dada la situación de “virtual default” que el presidente dijo haber encontrado al tomar posesión.

El plazo del 31-M no es caprichoso, como tampoco la decisión de atenerse hasta entonces solo al cumplimiento de los vencimientos de intereses: las obligaciones que se acumulan a partir de abril son imposibles de rollear dado el astronómico riesgo país actual, superior a los 2.000 puntos básicos, y también de honrar con las menguadas reservas disponibles. Cancelar capital debilitaría de modo extremo a un BCRA ya complicado y abriría la puerta a una caja de Pandora en materia inflacionaria.

Así las cosas, y dadas las dificultades de la negociación bonaerense, quedaron atrás los días en los que el propio oficialismo hablaba de “solución amigable” y “a la uruguaya”, esto es basada solamente en una extensión de plazos y sin poda de capital y tasas de interés. La consigna ahora es que la oferta a los bonistas “no será ni amigable ni agresiva, será sostenible”. El subtitulado al inglés debe decir, seguramente, “más dura que la esperada”.

El hecho de que el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa (ya sancionado por la Cámara de Diputados y cuya aprobación en el Senado debería quedar completada esta semana) enmarque la renegociación en la ley de Administración Financiera implica, como se sabe, que el acuerdo final deberá cumplir con al menos dos de los tres criterios que establece esta última: poda del monto adeudado, de la tasa de interés de los títulos o extensión de los plazos de amortización. Adiós, Uruguay.

El éxito no está asegurado, claro. Las cláusulas de acción colectiva, o antibuitres, adoptadas después de los traumas que dejó la última renegociación, establecen requisitos diferentes según se trate de los bonos de los canjes de 2005 y 2010 o los emitidos por el Gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2018. Como sea, en ambos casos resultan exigentes. En el primero, el umbral de aceptación que obliga a todos los acreedores a allanarse al canje es el de los dueños del 75% de las acreencias, además de un 66% de cada serie involucrada. En cambio, los títulos más nuevos, posteriores a la crisis de Grecia, dan dos posibilidades: o bien a un respaldo general del 75% o uno del 66% del monto total y del 50% de cada título.

Un punto importante a tener en cuenta es que el proyecto de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda no establece un monto específico a renegociar, por lo que Economía tendrá allí la posibilidad de jugar con el menú de bonos ofrecidos para mejorar las posibilidades de éxito.

Otra carta con la que cuenta el equipo negociador es el acopio de información sobre los puntos de vista de los bonistas, generado en base a los contactos mantenidos en Buenos Aires y por correo electrónico con los acreedores que atendieron la invitación oficial a presentar sus puntos de vista.

Sin embargo, el vaso medio vacío expone el carácter extremadamente apretado del cronograma oficial, que les da a los tenedores, tras la presentación de la oferta en la segunda semana del mes que viene, apenas dos semanas para evaluarla y responder.

Como comparación vale recordar que el canje de 2005, más complejo que el actual por haber involucrado a tenedores retail de diferentes nacionalidades, un componente mayormente ausente hoy, implicó gestiones de dos meses después de la publicación de la propuesta. Aún se recuerda la interminable danza de conversaciones amables y de las otras con Nicola Stock, representante de la Task Force Argentina (TFA) y de unos 50.000 pequeños acreedores italianos.

Hoy se advierte un panorama opuesto, ya que se está produciendo un proceso de agrupamiento de fondos acreedores, lo que, si bien deja menos actores al otro lado de la mesa, también los homogeiniza e incrementa su poder de bloqueo de las mayorías reclamadas por las cláusulas de acción colectiva.

De hecho, algunos representantes de fondos importantes ya dijeron que el plazo de dos semanas para decir sí o no es poco realista para una renegociación que involucra nada menos que 313.000 millones de dólares y advirtieron que litigar en Nueva York contra el Estado, como ocurrió en el pasado, es una opción siempre abierta.

Hay plan y en diez días se mostrarán sus puntos clave

Hasta el momento ha imperado el hermetismo respecto de las condiciones de la propuesta a los bonistas. Asimismo, la decisión de esconder las cartas en una negociación riesgosa, entablada con tahúres avezados, capaces de mirar bajo el agua y proyectar cualquier meta de, por ejemplo, superávit fiscal primario (antes del pago de deudas) en el perfil de los nuevos bonos que se ofrecerán en canje.

Ese secretismo obligado complicó a Guzmán durante la reunión que mantuvo el último martes 28 en Nueva York, en el marco del Consejo de las Américas, con responsables de bancos y fondos de inversión, entre los que se contaron gigantes como Black Rock, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC, Citi, PointState y Citadell, entre otros. Estos preguntaron, tan reiteradamente como sin éxito, por las metas fiscales y monetarias, así como por las políticas que permitirían la restauración del crecimiento de la economía, condición de la que, según el Gobierno, depende el pago futuro de la deuda.

Sin embargo, las autoridades económicas afirman que sí hay plan macroeconómico y que cada medida de gasto o de modificación impositiva, como las contempladas en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Congreso antes del final de 2019, nacen tras haber sido cuidadosamente ponderadas. El concepto que subyace al laberinto de mejoras para jubilados y receptores de ayuda del Estado, así como de incremento de retenciones a las exportaciones y otros impuestos, se inscribe en la lógica de un keynesianismo posible, o limitado, en el que cualquier incremento de la demanda debe ser financiado de manera genuina y no en base a una emisión descontrolada de moneda.

La secuencia de ese plan comenzó, entonces, por atacar los factores más inmediatos de la caída del nivel de actividad. El segundo paso es restaurar la sustentabilidad de la deuda. Consumada esa negociación, se verá el resto, aseguran.

Mientras tanto, garantizan que existe un trade-off técnicamente cuidado entre las políticas fiscal y monetaria, así como entre las de precios y salarios, aunque sus detalles no se conozcan. Al respecto, el Tesoro se congratula por haber restaurado el circuito de financiamiento en pesos a tasas menores que las que rigieron sobre el final de la anterior administración.

Una certeza sobre las metas clave del plan económico surgirá de la conclusión de la renegociación de la deuda, lo que determinará las necesidades de ahorro fiscal para pagar los compromisos reperfilados y las posibilidades de crecimiento de la Argentina, entre otras cosas. Pese a ello, en el Palacio de Hacienda afirman que ya trabajan sobre varios escenarios diferenciados. “Tenemos plan, pero lo que no van a ver, en medio de esta incertidumbre, es un PowerPoint de esos que nunca se cumplen”, le dijo una alta fuente a Ámbito.

De cualquier forma, la niebla comenzará a despejarse entre el 12 y el 17 de febrero, cuando, de acuerdo con el cronograma de Economía, Guzmán acudirá al Congreso. Entonces detallará el horizonte fiscal suficiente, a su entender, para hacer sustentable la deuda que surgirá del canje. Esas metas de superávit fiscal primario serán crecientes en el mediano plazo, lo que involucrará la gestión de Alberto Fernández y, acaso, algo más. En ese momento se conocerá cuánto se dispone el país a pagarles a sus acreedores, justamente la carta que se ha evitado mostrar hasta ahora.

El objetivo clave: liberar a Alberto del Fondo

El diálogo con el FMI, principal acreedor del país por 44.500 millones de dólares, es “muy constructivo”, según declararon en público y en privado tanto los funcionarios argentinos como los del organismo. Sin embargo, insisten los primeros, que la propuesta que se formule a los acreedores privados y al propio Fondo será ciento por ciento nacional.

Por decisión de Alberto Fernández, la Argentina rechazó recibir este año lo que quedaba para llegar al tope del préstamo previsto en el acuerdo Stand-by, esto es 56.700 millones de dólares. Si lo hubiese hecho, el sendero de amortizaciones previsto habría implicado la devolución de 5.600 millones de dólares este año, de 21.200 millones el próximo, de 22.300 millones en 2022 y de 7.600 millones en 2023, último año de la actual gestión.

Más allá de que lo adeudado terminó siendo algo menor, los mencionados 44.500 millones, los vencimientos previstos son imposibles de cumplir, por lo que se busca extender los plazos de devolución de un dinero que, en alrededor de un 80% y en contradicción con la reglamentación del propio FMI, financió la fuga de divisas.

El modo en que el organismo encuadre esa reprogramación es uno de los temas de discusión más caliente. Por su parte, el Gobierno tiene dos objetivos mayores: no comenzar a devolver ese capital antes de 2023, de modo de despejar el camino financiero del actual presidente hasta el último día de su (¿primer?) mandato, y no pasar del actual Stand-by a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que permitiría extender el período de repago hasta los diez años.

El Gobierno le escapa al EFF como al coronavirus para evitarse las condicionalidades más duras, en forma de reformas estructurales como la previsional y la laboral, que establece ese tipo de asistencia, destinada “a países que enfrentan problemas serios de balance de pagos a mediano plazo debido a debilidades estructurales que requiere tiempo abordar (con) períodos más largos de repago”.

Como se dijo, eso no dependerá solo de la voluntad argentina. Aunque el FMI esté limitado por tener atado al país alrededor del 60% de su capacidad prestable y aunque sea corresponsable del descalabro en el que terminó el Gobierno de Macri, su voz sigue siendo poderosa. De hecho, su condición de acreedor privilegiado (al que solo se le puede ofrecer una extensión de los plazos de devolución de los créditos y, al revés de los tenedores privados, no una quita) hace que el equipo negociador esté atento a lo que opine acerca de la sustentabilidad de la oferta que se presentará a los bonistas.

De eso hablarán Guzmán y la directora gerente, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero, cuando se encuentren en el Vaticano para participar de un seminario económico. También será el tema a tratar con la misión del organismo que llegará al país entre los días 12 y el 14.

 

El anuncio se realizó en Casa de Gobierno. En la mayoría de las provincias las clases comenzarán el 2 de marzo. Conocé el listado completo.

 

La iniciativa fue presentada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, lanzaron el programa "Vuelta al Cole", una canasta de productos escolares con precios monitoreados que tendrá un costo promedio de $500 para un promedio de diez artículos. La iniciativa está dentro de Precios Cuidados, y en ese marco, la dinámica es la misma: buscarán establecer precios de referencia para el resto de los útiles de cara al inicio del ciclo lectivo.

Además de los útiles, el programa incluirá mochilas, indumentaria, y otros productos. Estarán disponibles en librerías, supermercados y en la cadena Todo Moda.

El plan comienza hoy mismo y se extenderá hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock, aunque los funcionarios aclararon que todavía se está en etapa de implementación, por lo que no están disponibles todavía los productos en los locales.

“El programa busca generar precios de referencia en productos sensibles”, dijo Kulfas al tiempo que señaló espera lograr un “cumplimiento efectivo”. Para esto, y al igual que en el caso de Precios Cuidados, se incluyeron primeras marcas tales como Alba, Éxito, o Faber Castell.

El programa busca generar precios de referencia en productos sensibles" (Matías Kulfas)

La iniciativa, de alcance federal, contempla tres listados distintos de útiles y productos de indumentaria que estarán debidamente señalizados y también figurarán en la aplicación web del programa Precios Cuidados.

Consultados por Ámbito acerca de la capacidad de ahorro que generará en los consumidores la canasta, los funcionarios señalaron que “es difícil precisar”, porque no hay un punto de referencia previo. “Deberíamos saber exactamente qué producto, de qué marca y en qué lugar se hizo la compra, para poder comparar”, dijo Español, al tiempo que señaló que el promedio de costo para diez útiles será de $ 500.

Está previsto que las clases comiencen el próximo 2 de marzo en todas las jurisdicciones del país, excepto Chubut y Mendoza, que comenzarán el inicio lectivo el próximo 26 de febrero, mientras que en Misiones las clases arrancarán el 9 de marzo, según lo establecido por el primer Consejo Federal de Educación.

Las cadenas de supermercados Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Walmart y La Anónima ofrecerán 10 útiles en 286 hipermercados y a través de compras online. Incluirán bolígrafos, lápices de colores, lapiceras, lápices negros, gomas, reglas, cintas adhesivas, cuadernos de tapa dura, carpetas y repuestos de hojas. También se podrá adquirir resaltadores, marcadores, sacapuntas, y artículos de indumentaria como guardapolvos, buzos, medias, zapatillas y pantalones de jogging.

En el caso de la cadena Todo Moda, son cinco productos que se podrán comprar en los 148 locales de la cadena y también a través de la web: mochilas, cartucheras, cuadernos anillados con elástico o espiral, gomitas y broches para el cabello.

Respecto a las librerías, las adheridas ofrecerán una canasta de 15 productos: bolígrafos, lápices negros y de colores, gomas, sacapuntas, reglas, juegos de geometría, cintas adhesivas, tijeras, cuadernos de distinto tamaño, carpetas, repuestos de hojas y témperas.

 

 

 

 

Unos 15 dirigentes de la CGT Villa María, Córdoba, inspeccionaron supermercados de la ciudad para verificar si se cumplía el programa Precios Cuidados. Reclamaron que agilizaran la reposición de los productos. La CGT a nivel nacional descartó hacer algo similar.

 

La actitud de la CGT Villa María sería imitada por sus pares de la CGT a nivel nacional

Unos 15 sindicalistas patrullaron sucursales de tres cadenas de supermercados en la ciudad de Villa María, en Córdoba, para controlar el cumplimiento del programa Precios Cuidados y exigir a los responsables de los locales que apuraran la reposición de los productos que tienen descuento.

La decisión no será imitada por la CGT a nivel nacional, cuya mesa chica analizó durante un almuerzo que se realiza en el gremio de Sanidad una propuesta de Omar Viviani, secretario general del sindicato de peones de taxis, para que los militantes de la Juventud Sindical salgan a controlar los precios en los supermercados en todo el país. Allí finalmente se descartó la posibilidad de fiscalizar los precios porque “no hay ninguna herramienta real” para hacerlo y “sería muy engorroso”, explicó un dirigente cegetista que participó del encuentro.

El titular de la CGT Villa María, Eduardo Bellocio, explicó en estos términos el patrullaje sindical que comenzaron en la ciudad cordobesa: “Es una tarea que nos impusimos cuando salió Precios Cuidados y la ciudadanía debería tomar parte de esto para se cumpla el programa”.

En declaraciones a Radio Show de Villa María, el dirigente dijo que la decisión fue adoptada durante una reunión del consejo directivo de la filial cegetista “para asumir el compromiso de ir a controlar, sin ánimo de nada, sólo de controlar”.

Explicó que habían sido “bien recibidos por las empresas y, sobre todo, por los clientes, que nos agradecían que estuviésemos haciendo esa tarea”.

La "patrulla" sindical de Villa María posa en el supermercado en el que controló los precios

“Los precios estaban en orden. Controlamos todos los precios. Hay algunos productos que tienen más salida que otros y les pedimos (a los supermercados) que reforzaran la reposición y estuvieron de acuerdo en eso. No hubo ningún problema”, destacó Bellocio.

Además de la CGT de Villa María, la organización social Barrios de Pie protestó hoy en siete cadenas de supermercados de la Ciudad y en numerosas localidades del interior del país para denunciar el “fuerte aumento de precios de los alimentos”, ante lo cual reclaman “un seguimiento y sanciones que eviten las maniobras de los formadores de precios”.

La agrupación, que está alineada con el partido opositor Libres del Sur, encabeza la jornada nacional de movilización que tiene como epicentro de la concentración el barrio porteño de Abasto.

 

Los piqueteros de Barrios de Pie protestaron hoy en un supermercado ubicado enfrente del Abasto Shopping

La misma agrupación había realizado movilizaciones similares en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner, también frente al mismo supermercado ubicado frente al Abasto Shopping, e incluso la actual vicepresidenta de la Nación le había pedido a la CGT que colaborara con el programa Precios Cuidados mediante la presencia de inspectores sindicales en supermercados e hipermercados.

Curiosamente, cuando se produjo esa marcha de Barrios de Pie, hace 12 años, en pleno conflicto con el campo, el que habló sobre el tema fue el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández: “Nosotros no tenemos nada que ver con las movilizaciones. Lo que sí está claro es que la gente está percibiendo que este conflicto con el campo les está trayendo problemas a ellos en su vida cotidiana”.

 

La iniciativa creada en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri volverá a funcionar bajo la órbita de la actual Jefatura de Gabinete.

 

El Gobierno oficializó el relanzamiento del programa “El Estado en Tu Barrio”, que había sido promovido en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri. Las unidades móviles que recorrerán las distintas localidades del país acercando a la ciudadanía desde servicios de vacunación, asesoramiento a jubilados, hasta la emisión/renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita, funcionarán bajo la órbita de Jefatura de Gabinete.

Si bien la propuesta de retomar el programa fue estudiada durante diciembre, el Gobierno anunció su puesta en funcionamiento este viernes en el Boletín Oficial. Con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Resolución 9/2020 se comunicó la puesta en marcha de la “unidad ejecutora temporaria ‘El Estado en Tu Barrio’”, hasta el 31 de diciembre de 2021.

El programa fue lanzado por Cambiemos en 2016, y lo administraba Marcos Peña (Prensa Presidencia)

Pese a haber sido creado por la gestión de Cambiemos, en los considerandos se destacó que “por su efectividad, corresponde mantener” el programa. “En cada localidad a la que llega ‘El Estado en Tu Barrio’ se brinda a los ciudadanos la posibilidad de resolver sus trámites en un mismo lugar y de manera fácil, rápida, transparente, garantizando el acceso a las mismas oportunidades sin importar su lugar de residencia, con un Estado presente que se acerca a cada barrio para brindar ayuda y contención a la gente que se acerca a realizar consultas, trámites u obtener alguna respuesta a sus inquietudes o problemáticas”, se resumió.

Desde las diferentes unidades se puede tramitar el DNI, acceder a controles de salud y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio y los vecinos pueden inscribirse en la Asignación Universal por Hijo, realizar gestiones sobre temas de seguridad social o vinculados con los servicios a jubilados y pensionados de la ANSES y del PAMI, tramitar la tarjeta SUBE y la Tarifa Social, además de asesorarse sobre las políticas sociales u orientarse en temas de empleo.

"El Estado en Tu Barrio" funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que dirige Santiago Cafiero

El mismo funcionará bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, coordinando las acciones con el Ministerio de Desarrollo Social, y con las jurisdicciones y organismo participantes en la instrumentación del programa, acciones, proyectos y propuestas que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado Nacional.

Este viernes también se oficializó la designación de Walter Alejandro Gramajo al frente del programa.

El encargado de reflotar la idea en la jefatura a cargo de Santiago Cafiero fue el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias Fernando “Chino” Navarro. Líder de un espacio social y político como el Evita, en contacto permanente con movimientos sociales. Según se había informado a principios de enero, el programa se instalaría dos o tres días a la semana en el interior del país a partir de febrero. Al principio fue tema de debate si mantener o no el nombre que tiene sello macrista. Al parecer ganó la postura que propuso seguir manteniendo la marca, justificando que ya estaba instalada y que serviría como gesto antigrieta.

 

 

 

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