
Harbour Energy admitió que operó en Malvinas de manera ilegal
La empresa británica Harbour Energy publicó un comunicado para intentar blindar sus inversiones en Argentina pero reconoce que absorbió los activos de Premier Oil en Sea Lion en 2021 y los trans...
La empresa británica Harbour Energy publicó un comunicado para intentar blindar sus inversiones en Argentina pero reconoce que absorbió los activos de Premier Oil en Sea Lion en 2021 y los transfirió en 2022 antes de desembarcar en las islas.
A dos años de adquirir los activos de exploración y producción de Wintershall Dea, Harbour Energy reafirmó su plan de inversiones en las cuencas Neuquina y Austral y aclaró su historial societario para descartar cualquier vínculo con el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
La compañía explicó que su participación en esas licencias fue un activo heredado y transitorio tras la absorción inversa de Premier Oil por parte de Chrysaor en 2021, del cual se desprendió por completo en 2022 antes de desembarcar en la Argentina en 2024. El objetivo es sostener sus negocios en Tierra del Fuego, Vaca Muerta y el RIGI.
Hoy, el grupo -que produce entre 475.000 y 500.000 barriles equivalentes diarios a nivel global- se consolida como uno de los mayores productores de gas del país con operaciones offshore en Tierra del Fuego, activos en Vaca Muerta y una participación del 15% en el consorcio Southern Energy para exportar GNL desde Río Negro bajo el RIGI.
El Caso Harbour: Milei le dio el RIGI a una petrolera británica sancionada por operar en Malvinas
Sin embargo, el sitio especializado Agenda Malvinas publicó que en la intención de proteger contratos en la Cuenca Marina Austral fueguina, en Vaca Muerta y su participación del 15% en el proyecto exportador de GNL Southern Energy en Río Negro bajo los beneficios fiscales del RIGI terminó admitiendo que obtuvo el control accionarial mayoritario de las licencias ilegales del yacimiento Sea Lion y haberlas transferido comercialmente a la israelí Navitas Petroleum.
La estrategia de la compañía consiste en sostener que su participación en las concesiones otorgadas ilegalmente por el gobierno colonial británico en Malvinas fue apenas "un activo heredado y transitorio tras la absorción inversa de Premier Oil por parte de Chrysaor en 2021, del cual se desprendió por completo en 2022 antes de desembarcar en la Argentina en 2024".
La Ley 26.659 prohíbe de manera categórica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación de autoridad nacional competente, y veda expresamente operar en el territorio continental a toda empresa que sea controlante, controlada o continuadora societaria de firmas infractoras.
En ese sentido, Harbour Energy no devolvió ni renunció a las licencias ilegales ante el Estado argentino; por el contrario, durante más de un año administró la herencia de Premier Oil -empresa sancionada e inhabilitada por la Argentina desde 2012- y negoció su venta y transferencia directa a Navitas Petroleum en 2022, permitiendo la continuidad operativa del proyecto Sea Lion que hoy se litiga en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.
LPO reveló en septiembre que Milei le dio el RIGI a Harbour a pesar de haber sido declarada clandestina e inhabilitada por Argentina y quedó atrapado en su propia ofensiva por Malvinas. Mientras el Presidente anuncianba que va a endurecer las sanciones contra las compañías que participan de la explotación británica de petróleo en las islas, su administración le concedió los beneficios extraordinarios del RIGI a un proyecto integrado por una petrolera que sigue alcanzada por las sanciones argentinas.
Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional.
El caso excede una contradicción política y abre un interrogante de naturaleza penal. La Ley 26.659 establece prohibiciones y sanciones para quienes participen de la explotación hidrocarburífera británica en la plataforma continental argentina. Por eso deberá determinarse si el Gobierno violó esa legislación al permitir la participación de Harbour en un proyecto estratégico y, sobre todo, al concederle indirectamente beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios mediante el RIGI.
El mes pasado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal contra funcionarios del área de Energía y representantes de Harbour Energy Argentina, que quedó radicada en el juzgado federal 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
El expediente pone bajo la lupa las autorizaciones que recibió la compañía y abre un frente particularmente incómodo para el Gobierno justo cuando desembarca en París para vender seguridad jurídica y atraer inversiones.
La denuncia fue asignada por sorteo el 29 de septiembre y tramita bajo el expediente CFP 4810/2026. Entre los denunciados figuran la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; Harbour Energy Argentina y Tomás Lanardonne.
La presentación menciona, entre otros delitos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.