La suba de tarifas en la provincia agita otra pelea en el peronismo
El gobierno de Axel Kicillof decidió avanzan hacia una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio eléctrico bonaerense que venía demorada. La Provincia se prepara para convocar a au...
El gobierno de Axel Kicillof decidió avanzan hacia una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio eléctrico bonaerense que venía demorada. La Provincia se prepara para convocar a audiencias públicas y negociar con las empresas un nuevo esquema tarifario.
La decisión provocó elr echazo del kirchnerismo y este sábado el camporista, Facundo Tignanelli, se lo recordó a Kicillof en un posteo en X. "Los cortes continúan, el servicio eléctrico es un desastre y los aumentos siguen vigentes porque se apelo una cautelar que los frenaba. Cada cual elige a qué intereses tiene ganas de representar y quién lo conduce", posteó el jefe de bloque de los diputados peronistas bonaerenses.
La discusión tiene un punto de partida significativo: un informe oficial reconoce que el componente de distribución todavía debería aumentar un 39% para alcanzar el valor que surgiría de aplicar la fórmula aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal. El dato surge de un documento firmado por María Alejandra Sfeir, directora provincial de Política Energética y Tarifaria del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
El informe fue presentado en el marco de la controversia judicial iniciada por la Defensoría del Pueblo contra los aumentos eléctricos. Allí, la Provincia reconstruye la evolución de los ingresos reconocidos a las distribuidoras y los compara con los que hubieran resultado de aplicar la fórmula polinómica establecida durante la gestión de Cambiemos.
La última revisión integral de las tarifas eléctricas bonaerenses se realizó en 2017, durante el gobierno de Vidal, y estableció un régimen para el período 2017-2022. La Resolución 419/2017 incorporó una fórmula de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera los costos de operación, mantenimiento e inversión de las empresas. El mecanismo combina la evolución de los salarios registrados, los precios mayoristas de máquinas y aparatos eléctricos, el índice de precios al consumidor y el tipo de cambio.
La tapa de Clarín activó una pelea feroz entre Kicillof y los kirchneristas
El gobierno de Vidal había postergado durante la campaña electoral un aumento previsto para agosto de ese año. Cuando Kicillof asumió en diciembre de 2019, decidió revisar ese esquema.
La nueva administración mantuvo congeladas las tarifas durante 2020, en medio de la pandemia, y autorizó incrementos inferiores a la inflación durante 2021 y 2022. La recomposición comenzó en 2023 y se aceleró en marzo de 2024, cuando el gobierno nacional endureció las exigencias de pago de las distribuidoras a Cammesa.
El secretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, explicó esa secuencia durante una entrevista realizada en 2025 en un stream dedicado al sector energético. En aquel momento sostuvo que la Provincia había iniciado el proceso de revisión integral y que el objetivo era establecer una tarifa que contemplara el valor real de los activos de las concesionarias, la evolución de la demanda, las pérdidas técnicas, las inversiones necesarias y una rentabilidad razonable.
"Se supone que de la revisión tarifaria va a salir una tarifa que explique la recomposición de la red, las inversiones para ampliar la red, las pérdidas, la ganancia razonable y el plan de inversiones en general", afirmó.
Ahora la Provincia recién se encamina a convocar las audiencias públicas. Mientras tanto, continúa aplicando aumentos periódicos bajo un régimen de transición.
La demora prolongó la utilización de la fórmula de Cambiemos como referencia para medir la recomposición de los ingresos de las distribuidoras. Los números oficiales muestran cómo se fue reduciendo esa distancia. Según el informe firmado por Sfeir, la diferencia entre los ajustes autorizados y los previstos por la fórmula de Vidal llegó al 233% en 2022. Desde entonces comenzó a disminuir: en 2023 bajó al 101%, en 2024 al 94%, en 2025 al 53% y en agosto de 2026 al 39%.
La conclusión del documento es explícita: "El acumulado de VAD otorgado hasta el mes de agosto 2026 aun representa un 72% del determinado con la fórmula polinómica, es decir que de haber aplicado la polinómica de ajuste mencionada anteriormente la tarifa debería ser un 39% mayor a la actual".
El camporista Tignanelli y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
El reconocimiento constituye un antecedente relevante para la negociación que se abrirá con las distribuidoras. La Provincia acepta como referencia técnica una diferencia de ingresos respecto del mecanismo anterior, aunque eso no implica que haya decidido trasladarla íntegramente a las facturas. La nueva revisión deberá determinar qué costos reconoce efectivamente, qué rentabilidad autoriza y qué obligaciones de inversión y calidad del servicio establece como contrapartida.
La política de recomposición también incorporó mecanismos transitorios. Uno de ellos es el Cargo Transición Tarifaria (CTT), que se factura a los usuarios de las distribuidoras provinciales y municipales a cuenta de la actualización del VAD. La Resolución 102/2026 regula su aplicación y establece que el organismo de control OCEBA debe informar mensualmente los montos facturados por ese concepto. De esta manera, la actualización de los ingresos empresariales no depende exclusivamente de los aumentos directos del componente de distribución.
La diferencia entre el VAD y la factura final resulta central para comprender el alcance de la discusión. El Reporte de Tarifas y Subsidios de octubre de 2026 del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET, muestra que, en el promedio nacional, el componente de distribución representa el 41% de la factura residencial de los usuarios sin subsidios. El precio de la energía explica el 33% y los impuestos alrededor del 25%. En los hogares subsidiados, en cambio, el peso del VAD asciende al 61%, porque el precio mayorista de la electricidad recibe bonificaciones.
El mismo informe del IIEP permite incorporar otra dimensión: las diferencias entre las tarifas del interior bonaerense y las del Área Metropolitana de Buenos Aires. La electricidad resulta más cara en las áreas de la provincia de Buenos Aires reguladas por Kicillof que en las zonas atendidas por Edenor y Edesur, bajo jurisdicción nacional.
Según el informe de octubre de 2026 para un usuario residencial sin subsidios y con un consumo mensual de 265 kWh, las facturas de las distribuidoras bonaerenses superan entre un 45% y un 87% a las de Edenor. La diferencia también se observa frente a Edesur. En el esquema provincial, además del Valor Agregado de Distribución (VAD), las empresas perciben un Cargo Transición Tarifaria (CTT) de entre 17,51 y 19,51 pesos por kWh, destinado a recomponer sus ingresos.
El informe aclara que las diferencias entre facturas no pueden atribuirse exclusivamente a mayores costos técnicos. La cuestión tiene especial relevancia en la provincia de Buenos Aires, donde conviven las grandes concesionarias Edelap, EDEA, EDEN y EDES con alrededor de 200 cooperativas eléctricas. Las características de las redes, la concentración de usuarios y las necesidades de inversión son muy diferentes entre el conurbano, las ciudades del interior y las localidades rurales. La próxima revisión deberá determinar cómo se reconocen esas diferencias dentro de la estructura tarifaria.
En este escenario aparece una discusión sobre el modelo regulatorio. La administración de Kicillof viene avanzando en el reconocimiento de los costos de distribución y la recomposición de los ingresos empresariales.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino, mantiene una posición diferente frente al procedimiento utilizado para autorizar los últimos aumentos. El organismo obtuvo una medida cautelar que suspendió los cuadros tarifarios aprobados mediante la Resolución 585/2026. La Provincia apeló la decisión y consiguió que pudieran volver a aplicarse.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que las audiencias públicas correspondientes ya se habían realizado y que no era necesario repetirlas para cada actualización.
Esa controversia judicial forma parte de una discusión más amplia sobre las atribuciones del regulador y los mecanismos de participación de los usuarios. Mientras la Provincia defiende la continuidad de las actualizaciones transitorias, la Defensoría cuestiona el procedimiento seguido para aprobarlas.
La futura revisión integral permitirá trasladar parte de ese debate a una instancia pública en la que las distribuidoras deberán presentar sus estructuras de costos y necesidades de inversión. La negociación encuentra así al gobierno de Kicillof en una etapa de definición de su propio régimen tarifario.
Después de casi siete años de gestión, la Provincia todavía utiliza como referencia la fórmula de Vidal, aunque viene administrando su aplicación mediante aumentos parciales y mecanismos transitorios.
El reconocimiento de una diferencia del 39% respecto de ese esquema anticipa uno de los principales puntos de discusión con las empresas. La nueva revisión deberá resolver cuánto cuesta distribuir electricidad en la provincia de Buenos Aires, qué parte de esos costos corresponde reconocer a las concesionarias y cómo se trasladará a las facturas.
Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/energia/kicillof-tarifas/
